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Cuernavaca.- El vicepresidente del Senado de la república, Sergio Pérez Flores, junto con diputados locales, organizaciones de abogados y grupos sociales, pidieron al comisionado de derechos humanos, Raúl Israel Hernández Cruz, presente un recurso de inconstitucionalidad para anular el decreto por el cual 18 magistrados serán beneficiados con pensiones “doradas”, las cuales podrán heredar a esposas e hijos.
En junio pasado el G-15 del Congreso de Morelos, integrado por legisladores de oposición y algunos diputados de Morena, aprobaron un decreto por el que se establece la pensión por retiro voluntario de las magistradas y magistrados de los Tribunales Superior de Justicia (TSJ) y de Justicia Administrativa de Morelos (TJAM), con el cual los diputados podrán nombrar a los titulares de 18 magistraturas que quedarán vacantes y que permanecerán en el cargo los siguientes 14 años.
“Es un decreto que permite exclusivamente a 18 magistrados la posibilidad de pensionarse a través de un trámite en fast track, es decir que se les deberá resolver hasta en cuatro meses, y que a diferencia de un trámite normal de pensión a la que estamos sujetos todos los trabajadores”, dijo el senador.
Destacó algunas otras diferencias de estas pensiones como que no requiere, como el común de los trabajadores, ni la antigüedad ni la edad; lo segundo es que dan la posibilidad al magistrado de pensionarse inclusive al 100%, que tampoco es una oportunidad que tiene la mayoría de los trabajadores.
Y la tercera es que adicional a cualquier tipo de prestación que tiene una pensión tradicional, esta puede ser heredable inclusive al cónyuge, pero también a hijos e hijas.
“Esto sería válido si fuera para todos los trabajadores y sus familias y ahí radica el aspecto discriminatorio de trabajadores y trabajadoras que, recordemos, hay quienes solicitaron su pensión por la vía normal y la repuesta que obtienen es que no hay recursos, y hay casos de hasta dos años con sueldos debajo del salario mínimo, y para colmo no se han aprobado.
El decreto ha sido vetado en dos ocasiones por el Poder Ejecutivo porque aspectos de contradicción y elementos en relación con la edad que establece la Ley del Servicio Civil, explicó el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado.
En agosto pasado el decreto respecto a la pensión por retiro voluntario fue controvertido por el presidente magistrado Luis Jorge Gamboa Olea porque, dijo, representa un impacto presupuestal superior a los 20 millones de pesos.
“No estamos en contra del proceso legislativo y tampoco de la modificación constitucional, sino que lo que buscamos nosotros es que se dote del recurso económico al Tribunal para considerar este haber”, afirmó el magistrado.
afcl
