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Legisladores locales y federales del Partido Acción Nacional en Veracruz lamentaron que la gobernadora electa Rocío Nahle García haya ordenado una persecución política y judicial en contra de sus adversarios.
En conferencia de prensa, reprobaron las declaraciones públicas de la morenista de ordenar a la Fiscalía General del Estado que busque cómo evitar que el panista Miguel Ángel Yunes Márquez tome posesión como Senador.
La senadora Indira Rosales y los diputados Maryjose Gamboa, Verónica Pulido, Jaime de la Garza, Carlos Valenzuela y Miguel Hermida, denunciaron que Nahle exigió a la Fiscalía que acelere un proceso penal en contra del Senador para obligarlo a acudir ante un juez y proceder a detenerlo.
Se trata del caso del entonces precandidato a la alcaldía de Veracruz en 2021, Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien el órgano electoral lo sacó de la contienda debido a que supuestamente no acreditaba su residencia efectiva y que presuntamente había presentado documentos falsos.
Los legisladores panistas recordaron que tanto el Tribunal Federal Electoral, como el INE, como el propio juez que sigue esta causa reconocen que tiene su domicilio en Veracruz.
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La senadora Indiea Rosales expresó que esta declaración es más que un abuso, pues encierra toda una visión autoritaria del ejercicio del gobierno.
“Anuncia que pretenden gobernar con el garrote en la mano, que perseguirán a cualquiera que se atreva a disentir, pretendiendo así intimidar a quienes desde la oposición tenemos derecho a mantener y sostener visiones distintas del rumbo de México y de Veracruz”, dijo.
En tanto, la diputada federal Maryjose Gamboa, señaló que es igualmente contradictorio que la gobernadora electa acuse al senador Yunes Márquez de violar la ley por no tener domicilio en Veracruz cuando ella es originaria de Zacatecas y nombró como Secretario de Gobierno a un ciudadano nacido en Hidalgo.
Y lamentó que pida que se aceleren procesos en contra de sus adversarios, pero no solicite que se aceleren las investigaciones para esclarecer miles de homicidios, de feminicidios, de crímenes contra periodistas, de cientos de miles de robos y extorsiones.
“Tampoco ha solicitado a la autoridad competente que se aceleren las investigaciones en las casi 40 denuncias que han sido presentadas en su contra por enriquecimiento ilícito, corrupción y otros delitos. Hacerlo hablaría de congruencia”, afirmó.
afcl/LL
