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Cancún.- El exdiputado local y federal Emiliano Ramos, a quien la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) le imputa la probable comisión de delitos electorales, se declaró preso político y solicitó la urgente intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debido a la violación del debido proceso en su caso y al armaje de la carpeta de investigación en su contra.
“No soy un delincuente, soy Emiliano Ramos, y hoy soy preso político. No pido trato especial, pido justicia. No soy un violentador, ni un delincuente”, expuso, mediante una carta abierta.
La situación jurídica de Ramos Hernández, detenido inicialmente por resistencia a la autoridad, el 31 de mayo pasado en Playa del Carmen y luego aprehendido por probables delitos electorales, se define hoy, al reanudarse la audiencia de vinculación que se desarrolla esta mañana, luego de haber solicitado la ampliación del término constitucional, que vence hoy.
“Hago un llamado al presidente de la República, a la CNDH (porque la de Quintana Roo está controlada), a los colectivos por los derechos de la niñez y de la mujer, a los colectivos del debido proceso, a que conozcan mis expedientes y puedan constatar todas las arbitrariedades que hoy señalo y que seguiré dando a conocer a detalle, pues ya no van a contar con el beneficio de mi silencio”, expresó.
En su escrito, denuncia que el abuso de autoridad y poder, así como el probable “concierto de autoridades coludidas” en su contra, está relacionado con asuntos de carácter personal que han dejado de serlo debido al presunto uso de influencias y poder político de su exesposa, Paola Moreno, a través del presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, Heyden Cebada.
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“El jefe del juez que me juzga y de todos los jueces en el estado es el presidente del Tribunal Superior de Justicia Heyden Cebada Rivas, quien mantiene una relación sentimental con quien fuera mi esposa, mucho tiempo antes de que estuviéramos divorciados, y ahora no sólo quiere quedarse con ella, sino con mis hijas y mis propiedades; lo que ha ido consiguiendo poco a poco utilizando recursos y funcionarios del Tribunal y de los Juzgados Familiares”, indicó.
El presunto uso de influencias por parte de Moreno, quien contendió en la pasada elección como candidata a una diputación local, fue revelado por primera vez el 01 de junio del 2023, por el Movimiento de Mujeres 50+1, que dio a conocer que la entonces secretaria de Desarrollo Social de Cancún enfrentaba una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer, por violencia familiar, derivada del maltrato a la hija de Emiliano Ramos, por parte de la ex funcionaria.
Apenas el pasado 8 de marzo, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, la menor de edad dio a conocer su caso públicamente, acusando a la funcionaria de agresiones en su contra y del uso de sus relaciones políticas y como funcionaria pública para lograr que, desde el Poder Judicial y la Fiscalía, las denuncias se cayeran y el caso quedase entrampado.
Esa noche, una larga manta fue desplegada por la madre biológica de la menor, frente al Palacio municipal, pidiendo “Justicia para Jimena”, con una leyenda que señalaba: “La Fiscalía de la Mujer y el Tribunal Superior de Justicia de Heyden Cebada protegen a la funcionaria Paola Moreno que durante años violentó y agredió a mi hija menor de edad”.
La detención irregular
En su relato, Ramos Hernández precisó que el pasado viernes, mientras circulaba por calles de Playa del Carmen, fue víctima de una detención ilegal, mediante un “operativo ostentoso y francamente intimidante”.
Detalló que observó la nutrida presencia de policías vestidos de civil, armados, lo cual hizo que se orillase. Se detuvo y vehículos le cerraron el paso, mientras agentes le obligaron a bajar del vehículo en que se trasladaba, lo subieron en contra de mi voluntad a una camioneta donde fue inmovilizado para que no pudiera ver a donde le llevaban.
“Jamás se identificaron, ni me mostraron algún documento que justificara mi captura, temí por mi vida”, narró.
Ramos Hernández fue conducido a las instalaciones de la Fiscalía de Playa del Carmen. Ahí, afirma haber sido interrogado de forma amenazante; dice que le fue negada toda posibilidad de llamar a sus familiares o a un abogado, ni le fue explicado por qué lo acusaron. Sin ser puesto a disposición de un juez, fue despojado de sus identificaciones y celular, y encerrado en una celda “en condiciones inhumanas”.
Para el sábado, un abogado le informó que había sido detenido por desobediencia y resistencia de particulares, que se le acusaba de haber agredido a policías, lo cual calificó como “completamente falso”, señalando que hay testigos de que cómo sucedió.
“La noche del sábado fui ‘liberado’ sin que se levantarán cargos, pedí mis pertenencias, se negaron a devolverlas diciendo que yo no llevaba nada, pero esto solo fue otro montaje, pues de inmediato fui detenido, ahora sí con una orden de aprehensión, acusado supuestamente por comprar votos, y trasladado al Cereso de Playa del Carmen donde ahora me encuentro, casi 20 horas ilegalmente detenido e incomunicado, para fabricar al vapor una carpeta por supuestos delitos electorales y ejecutarla ‘a modo’ para yo no pudiera hacer nada.
“Este tipo de montajes sólo se logra con el contubernio entre los más altos funcionarios del Tribunal Superior de “Justicia” y la Fiscalía del estado”, sostuvo.
El lunes pasado se desarrolló la audiencia de imputación. Emiliano Ramos escuchó las acusaciones en su contra y, aunque su abogado explicó al juez lo ilegal de su detención y que el delito que se le imputa no se considera grave, el juez de control decidió que debía permanecer en prisión preventiva.
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El argumento de la Fiscalía para solicitarlo así es que él representa “un peligro para la vida” de la mujer que lo señala como quien coordinaba la compra de votos “para una candidata a la presidencia municipal de Solidaridad”.
Esa mujer –dice Ramos en su escrito– fue detenida y “obligada con amenazas para inculparme y sin contar con la presencia de un abogado”.
El político anticipó que, pese a que hoy sus abogados presenten las pruebas suficientes para acreditar que los hechos que se le imputan son falsos, que es “una persona de bien”, que tiene reconocido arraigo y un trabajo de más de 30 años en la entidad, con un patrimonio legítimo, lo dejarán en prisión, “porque el juez actúa por consigna, es ‘bola cantada’”.
Insistió en que detrás de su detención se encuentra el aparato judicial, presuntamente a favor de su expareja, con jueces, funcionarios de Cecofam, actuarios, fiscales, funcionarios de la Fiscalía del estado y en especial de la Fiscalía de Violencia a la Mujer; peritos psicológicos e incluso funcionarios del Ayuntamiento.
“Tal vez algunas personas se preguntarán por qué hasta ahora doy a conocer todo esto, y les digo como hombre cabal que soy: Si guardé silencio durante tanto tiempo no es porque ‘el que calla otorga’, sino porque erróneamente pensé que actuar sólo por las vías legales, sin denunciar públicamente el abuso de poder, estaba yo protegiendo a mis hijas.
“Creí que, si yo no decía nada, Heyden y mi ahora ex esposa nos dejarían en paz, pues al separarme de ella, prácticamente me retiré de cualquier actividad política y renuncié a cualquier legítima aspiración para dedicarme de tiempo completo a la crianza de mis hijas, a que transitaran de la mejor manera la difícil circunstancia de la separación, y quienes me conocen y conviven con nosotros saben que no hay otra prioridad en mi vida que mis hijas”, manifestó.
Añadió que, desde hace más de un año, “no se trata de un conflicto entre particulares, sino del uso del poder del Estado para violentar mis derechos y los de mis cuatro hijas, de quien fuera mi primera esposa, y ahora hasta de mi presunción de inocencia (…)"
"Con Heyden regresamos a los tiempos más oscuros de Q.Roo, del uso del poder para caprichos personales y venganzas”, reiteró, al calificar esta etapa de la vida política de la entidad como un “borgismo 2.0”, en alusión al ex gobernador Roberto Borge.
afcl/LL
