Torreón.— Un día, la hija de Mónica Esparza llegó con los pies llenos de ampollas. Regresaba de haber hecho un trabajo escolar. Mónica, su madre, no tenía dinero para pagar el camión.
Ese día, Mónica Esparza, quien fue víctima de tortura por parte de policías de Torreón, decidió que lucharía por la reparación del daño, que en un principio había rechazado porque buscaba enterrar todo lo que tenía que ver con el gobierno.
Lo que tuvo que vivir
Hace 12 años, un 12 de febrero de 2013, policías de Torreón la detuvieron a ella, a su esposo y a su hermano. Lo que pensó en un principio que sería una detención de rutina, terminó en un infierno: fueron llevados a una bodega donde los torturaron física y sexualmente por más de 10 horas.
Durante la violencia física, su esposo Alfredo Domínguez falleció. Después ella y su hermano fueron acusados de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, por lo que permanecieron en prisión durante siete años, hasta que Mónica decidió luchar por su libertad.
En el camino, otro hermano de ella fue asesinado, como un intento para que Mónica no peleara su libertad. En 2020 logró salir de prisión.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había emitido la recomendación 15/2016 por el caso de retención ilegal, tortura, violencia sexual y ejecución arbitraria.
“No quería nada, pero yo tenía muchas cosas: una boutique, un ciber [café internet]. Todo eso me lo quitaron. A veces damos una comida al día. Siento que por mis hijas debo luchar, y por mi hermano al que mataron. Perdió su vida por que yo luchara por mi libertad”, comenta.
Reparación del daño
El camino no ha sido fácil. A cinco años de obtener su libertad, no ha logrado que las autoridades le restituyan lo perdido.
La CNDH emitió siete puntos recomendatorios al gobernador de Coahuila y al ayuntamiento de Torreón, entre ellos que se repare el daño en términos de la Ley de Víctimas para el estado.
A la fecha, las autoridades del ayuntamiento de Torreón no han saldado nada; mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de Coahuila, avanza lento.
De hecho, Mónica Esparza, próxima a cumplir 38 años, cuenta que desde 2021 le realizaron una entrevista “de impacto” para medir los daños por lo sufrido: “el antes y el después”, porque le argumentaron que era difícil cuantificar económicamente el daño. Hasta el día de hoy, la CEAV no ha podido establecer un monto monetario que tenga que cubrir el municipio.
“Me dijeron que en enero, para finales, tendrían la cantidad, [después] que entrando febrero íbamos a empezar con todo. Me quitaron a mi abogada y me dejaron de contestar”, relata Mónica.
Su abogada, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, le comentó que no podría ser más su representante porque tendría la encomienda de estar al frente del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, al cual las víctimas de delitos y violaciones pueden acudir.
“Me dicen que en el momento en que el municipio me diga que no tiene para pagarme, voy a exigir a la CEAV que me pague. Y como me va a decir que no tiene, por eso se tomó esa decisión. Ya lo están previendo, que me van a decir que no tienen [dinero] para pagarme”, señala la afectada de abuso de autoridad.
No desistirá
Mónica Esparza acudió a la ciudad de Saltillo e intentó hablar con el nuevo titular de la CEAV, Ricardo Martínez Loyola, quien asumió el cargo apenas en diciembre pasado, pero no la recibió. EL UNIVERSAL también lo buscó, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Mónica asegura que no desistirá. Repite y resalta que se lo debe a sus hijas. “Hice mucho sacrificio para que se quedaran con todo”, comenta. “No me queda más que luchar por lo que es mío, no pido más”.
Sabe que los años que estuvo detenida injustamente no se los regresarán. Quisiera que al menos la ayudaran a poner un negocio.
“Lo que quiero es empezar. Quiero un patrimonio para solventarme porque no me puedo acomodar”, reclama Mónica.
Su sueño antes de ser detenida, torturada y vivir en la cárcel era convertirse en una empresaria de boutiques. Era dueña de una boutique y un café internet. De aquello sólo le queda el recuerdo.
Otro punto recomendatorio de la CNDH fue el seguimiento de los procedimientos penales y administrativos contra los seis policías que iniciaron la detención aquel 12 de febrero de 2013. Sin embargo, a la fecha, ninguna persona ha pisado la cárcel por la detención arbitraria ni por la tortura.
Relata que hace un año detuvieron a dos de sus policías aprehensores. Pero una jueza determinó liberarlos sin ni siquiera vincularlos a proceso. Para entonces todavía trabajaban en la Policía Municipal.
Tal vez, por la situación que vivió, su sueño ahora, además de luchar por su reparación integral, es convertirse en abogada.
“Creo que nunca es tarde para hacer las cosas. Cuando estuve en la cárcel conocí a muchas personas inocentes. Quiero darles el ejemplo a mis hijas. Siempre es posible. Lo único que he querido es ser feliz con mi familia”, expresa.