Tijuana.— Tras su deportación, Javier fue trasladado al Centro de Atención al Migrante (CAM), en Tijuana. Vivió durante 25 años en Estados Unidos y, aunque es mexicano, ya no hay nada que recuerde de este país. Desde el segundo día que pisó territorio mexicano quiso salir a buscar empleo, pero la respuesta fue clara: si sales ya no entras.
El 25 de enero autoridades de los tres órdenes de gobierno presentaron las instalaciones de lo que hoy opera como el Centro de Atención al Migrante, un espacio que era un salón conocido como Flamingos Eventos y que ahora sirve de refugio temporal para mexicanos deportados, donde reciben apoyo para tramitar documentos, atención médica y opciones de trabajo en otros estados del país.
Aunque el gobierno federal indicó que las personas repatriadas recibirían ayuda para integrase a la comunidad, entre otros servicios, con una bolsa de trabajo, algunas de las personas deportadas prefirieron dejar las instalaciones debido a que les condicionaron el apoyo y su estadía a cambio de no salir, aun cuando se trata de buscar trabajo.
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“Duré nomás dos días”, cuenta Javier, de 32 años y deportado desde Arizona, donde vivió durante 25 años, más de la mitad de su vida.
“Sentí como presión para que me fuera [del CAM], como si no nos quisieran ahí, porque no entiendo cómo quieren que uno le haga. Les digo que quiero buscar trabajo y me dicen que ok, pero si salgo ya no puedo volver, mejor me fui”, relata.
Javier es uno de los mexicanos que han sido repatriados en los 15 días que lleva la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Aunque habla español, porque en su familia es la lengua materna, le cuesta expresarse con la misma fluidez que al hablar inglés, el idioma que habló durante las últimas dos décadas, desde que iba en la Elementary School, como dice él.
Javier forma parte de un grupo de personas repatriadas en la última semana que fueron trasladadas al Centro de Atención al Migrante de Tijuana, pero que dejaron las instalaciones para poder buscar un empleo en la frontera, con la intención de generar sus propios recursos.
Para ello salieron del albergue temporal que habilitó el gobierno y, por sus medios, encontraron otro que los recibió: La Casa del Migrante, una asociación civil que opera como refugio para migrantes desde hace más de 30 años, donde dan alimentación, atención sicológica, asesoría legal y, durante los últimos años, apoyo con talleres y ofertas de empleo.
“Protégenos”
El reloj marca casi las seis de la tarde, el sol ya se ocultó y en la explanada del edificio del albergue se escucha el llamado desde el comedor y la cocina, es hora de la merienda. En los alrededores algunas familias deportadas pasan el tiempo en las bancas en el patio, un par de mujeres sentadas frente al retrato de la Virgen de Guadalupe le rezan, le imploran y, otras más, le lloran.
Aunque las palabras son diferentes y los sonidos también, a lo lejos se escucha la misma petición: protégenos. Uno a uno entran al comedor y se acomodan en la mesa donde les han servido los alimentos del día. Al terminar hacen fila frente a un lavadero donde deben limpiar sus trastos para luego acomodarlos. En esa fila está Nicolás.
Nicolás es un hombre que vivió durante 30 años en California, donde fue asegurado por personal de Migración que en días recientes lo deportó a México.
Llegó a Tijuana, una ciudad que no conocía. Su mayor preocupación es trabajar para enviar dinero a su familia, porque se quedaron del otro lado de la frontera.
“Los trabajos que me enseñaron no son de aquí [Tijuana], entonces yo me quedé como...”, explica mientras frunce el ceño, desconcertado, sin entender por qué le ofrecían un empleo en una ciudad a la que no se quiere ir. “No sé, siento como que quieren que me vaya”.
Atención para lo que necesita la gente
El exdirector de Atención al Migrante en Tijuana y también activista, José Luis Pérez Canchola, considera que el trabajo de atención para la población deportada debe ser integral, además de los servicios básicos como la alimentación y un espacio para dormir, también se tendría que resolver su integración en la comunidad, establece.
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“La atención que se da y ofrece tiene que ser en función de la necesidad de la gente y no sólo de propuesta de funcionarios y políticos... Me parece una barbaridad [negar el ingreso si salen del albergue], va en contra del discurso de la Presidenta. Creo que hay una tendencia de hacer todo lo posible para que esta gente se vaya al sur”, expone.
Nicolás y Javier platican en la explanada de la Casa del Migrante. El administrador del sitio se acerca a ellos. Les explica que al día siguiente, uno de ellos tendrá su entrevista de trabajo en una aseguradora con propuestas para personas bilingües.
Javier alza la mirada y agradece el gesto. Las manos le tiemblan de frío, pero también de nervios. Sonríe ligeramente. Dice que, tal vez, ese dinero le sirva para ayudar a su familia e independizarse en esta frontera, de donde no quiere irse para sentirse, al menos, no tan lejos de los suyos.