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La pesadilla no termina para Rosalinda Ávalos, la expolicía que denunció públicamente la presunta complicidad de un aspirante a juez con el asesinato de sus dos hijos.
Hoy, ella es quien aparece como denunciada, en un giro que ha encendido las alertas sobre su seguridad.
El caso, que en 2020 comenzó con el homicidio de sus hijos en un ataque armado, se reavivó este 2025 cuando Ávalos irrumpió en el Congreso de San Luis Potosí para frenar la designación de Sabas Santiago Ipiña como juez.
La mujer acusó al candidato de tener nexos con el crimen organizado y de haber ordenado la agresión a sus hijos. El comité de selección lo descartó del proceso tras confirmarse que no cumplía con los requisitos constitucionales.
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Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. El propio excandidato presentó una denuncia en contra de Ávalos, respaldado con declaraciones de personas que, según ella, forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Una vida bajo amenaza
Actualmente, Rosalinda permanece en las oficinas de la Fiscalía estatal, desde donde advirtió que su vida corre peligro. “Estoy en riesgo, me van a matar”, expresó a través de redes sociales.
Aunque existen nueve detenidos por el asesinato de sus hijos, hasta ahora ninguno de los procesos ha llegado a juicio.
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La Fiscalía de San Luis Potosí y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le notificaron que reforzarán la vigilancia en su domicilio y que cualquier incidente será atendido de inmediato.
El caso de Rosalinda Ávalos refleja no solo la vulnerabilidad de quienes denuncian la colusión entre crimen y poder, sino también la urgencia de que el Estado garantice justicia y seguridad antes de que la violencia vuelva a cobrar una vida.
aov/cr
