Chilpancingo.— A pesar de que las buscadoras y buscadores de personas desaparecidas en Guerrero tienen casi todo en contra, ni así dejan de luchar por sus familiares.
Con recursos propios recorren cerros, entran a cárceles, hospitales o morgues. Son amenazadas, perseguidas, atacadas y hasta asesinadas, pero no dejan de buscar.
Las autoridades han hecho muy poco para sus búsquedas. Cientos de carpetas de investigación se acumulan, muchas están almacenadas, no avanzan por la omisión de ministerios públicos o la desidia de los fiscales. Muchos de los desaparecidos podrían ser parte de los cuerpos que se acumulan por cientos en los Servicios Médicos Forenses; permanecen ahí porque las autoridades no cuentan con medios, o voluntad, para identificarlos.
Buscar a un desaparecido en Guerrero es cosa de la familia.
El caso de Jhonatan Guadalupe
Desde hace dos años, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no realizaba una operación para localizar al joven Jhonatan Guadalupe Romero Gil, detenido y desaparecido el 5 de diciembre de 2018 por policías municipales en Acapulco.
Su madre, Socorro Gil Guzmán, tuvo que recurrir al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que las autoridades voltearan a ver su caso.
En mayo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU lanzó una acción urgente para que el gobierno federal actuara. El pasado 7 de julio, la CNB finalmente hizo una búsqueda en Acapulco.
La acción urgente que lanzó la ONU fue fruto de la persistencia de Socorro Gil.
Desde 2018, la madre de Jhonatan no ha parado de buscar a su hijo, con muy pocos resultados porque ninguna autoridad la ha acompañado de verdad; al contrario, la fiscalía estatal ha sido un obstáculo, denunció la ONU en la acción urgente.
En el reporte que entregó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a la Secretaría de Gobernación (Segob) le informa de todas la irregularidades que se han presentado en el caso.
Denuncia que desde el 27 de mayo de 2024 la fiscalía no informa a la familia los resultados de la citación que le hicieron los agentes de la patrulla de Acapulco número 388.
Tampoco se ha establecido investigar al dueño del bar La Mandona, donde trabajaba Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, quien fue desaparecido junto a Jhonatan, el 5 de diciembre de 2018. Carlos apareció muerto un día después de que fueran detenidos por policías municipales del puerto.
Incluir al dueño del bar puede ser determinante, porque hay información de que Carlos le contó a Jhonatan que lo obligaban a perder droga dentro del establecimiento.
Además, la comparecencia de los nueve policías municipales de la patrulla 388 fue cancelada y no han sido llamados a declarar, pese a que hay elementos en su contra.
La prueba contundente es un video en el que se ve cómo los agentes tiran el cadáver de Carlos desde la patrulla 388; sin embargo, agrega la denuncia, el fiscal regional en Acapulco, David Muñoz García, modificó la carpeta de investigación.
También le informan que en la fiscalía se ha negado a incluir en la investigación la línea telefónica y la sábana de llamadas de Jhonatan.
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Hacerse visibles
Ante este caso y muchos otros similares en Guerrero, el colectivo Memoria, Verdad y Justicia, que fundó Socorro Gil, subraya la importancia de hacerse visibles.
“Debemos redoblar nuestros esfuerzos en visibilizar las problemáticas en torno a la desaparición de personas en México, salir a las calles, a las plazas públicas y manifestarnos, mostrando los rostros de nuestros familiares desaparecidos. Hagamos uso de todas las plazas públicas para visibilizar, para denunciar, para mostrar que esta práctica inhumana no se detiene y que aumenta día con día”, expresa.
Es por eso que colectivos de familiares de desaparecidos de Guerrero iniciaron ya sus jornadas de actividades para conmemorar, el próximo 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Una de las primeras actividades fue la pega de lozas con las fichas de las personas desaparecidas.
En ese acto, Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, quien busca a su papá, Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por el Ejército en 1974 en Atoyac, afirmó que a diferencia del periodo de la Guerra Sucia, ahora las familias están organizadas, aunque la respuesta del Estado siga siendo nula.
Aseguró que si en los años 70 se hubiera hecho justicia y castigado a los perpetradores, hoy no habría tantas desapariciones.
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