Pachuca.- A través de la construcción de un túnel clandestino, la empresa constructora Vigo Construcomer S.A. de C.V. pretendía realizar una conexión de drenaje sanitario para una privada de 90 viviendas, dentro de un desarrollo habitacional que tampoco cuenta con un sistema de drenaje funcional, lo que provoca inundaciones constantes.
De acuerdo con la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, encabezada por Eduardo Medécigo, fueron habitantes del fraccionamiento San Fernando quienes acudieron a la Secretaría de Obras Públicas para denunciar trabajos irregulares realizados por la empresa Vigo.
Según se informó, que los colonos detectaron que los trabajadores construían un túnel. Al acudir al lugar, personal de Obras Públicas verificó que se realizaba una excavación de 1.6 metros de profundidad, 80 centímetros de ancho y una extensión aproximada de 5 metros, apuntalada de manera provisional.

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En el sitio se observó instalación hidráulica expuesta y la ruptura de una guarnición, daños presuntamente derivados de las labores efectuadas por la constructora.
Durante la revisión se determinó que la empresa no contaba con permisos municipales, ni con estudios técnicos o autorizaciones para realizar la obra, por lo que se procedió a clausurar los trabajos.
Se indicó que la intención era conectar 90 viviendas a este sistema de drenaje irregular, pese a que el fraccionamiento San Fernando no ha sido recepcionado por el Ayuntamiento debido a diversas anomalías.

Además, el desarrollo carece de un sistema de drenaje funcional y de infraestructura pluvial, lo que agrava los problemas de inundación.
Pese a estas condiciones, los desarrolladores pretendían conectar el drenaje de la privada denominada Persea, construida al interior de San Fernando, al túnel clandestino.
La Presidencia Municipal señaló que la empresa había promovido un amparo que le permitió continuar con la construcción de viviendas; sin embargo, dicho recurso no incluye autorización para construir túneles clandestinos ni modificar la infraestructura sanitaria existente. Por ello, el Ayuntamiento analiza acciones jurídicas que podrían emprenderse en contra de la constructora.

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