Llevan a La Haya hechos violentos de 2006 y 2007 en Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) presentará mañana en la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, un informe sobre la “represión gubernamental” contra el magisterio y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006 y 2007.

Con ello, argumentó, se busca denunciar a nivel internacional la problemática, pues “los agravios y los estragos perpetrados por el exgobernador priista, Ulises Ruiz Ortiz, siguen vigentes, además de que enmarcan un modelo de intervención violenta y sistemática del Estado para reprimir la protesta social que, después de esos hechos, se generalizó y se sigue aplicando en distintas partes del país”.

En un comunicado, indicó que se prevé iniciar un procedimiento judicial ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, donde podrá incluir algunos otros casos de violaciones a derechos fundamentales cometidas en Oaxaca , “si es que dichos agravios no hallan justicia en el sistema legal mexicano, como ha ocurrido con las graves violaciones a derechos registradas entre 2006 y 2007 en la entidad oaxaqueña”.

La Defensoría explicó que, al sistematizar las denuncias de las víctimas de la APPO y las circunstancias de estos hechos, “puede definirse con claridad la hipótesis de cómo Oaxaca constituyó un ensayo de modelo de represión que a partir de 2006, todavía con Vicente Fox en la Presidencia , se replicó en varias ocasiones y diversas entidades”.

El informe que se presentará expone que el saldo de graves violaciones a derechos humanos documentado por la Comisión de la Verdad de Oaxaca incluye 30 ejecuciones extrajudiciales (entre ellas la del periodista estadunidense Bradley Will), 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentada y comprobada, así como la desaparición forzada de dos personas: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, dirigentes del Ejército Popular Revolucionario.

Añadió que con base en el Informe de la Comisión de la Verdad estatal, así como en el informe que presentó la Suprema Corte de Justicia y en los hallazgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se buscará acabar con la impunidad de las autoridades .