La Paz.— Un clima de tensión y temor crece en Baja California Sur, pues en los últimos días se han registrado ataques frontales contra mandos de seguridad y la aparición de narcomensajes que advierten que el estado se estaría convirtiendo en territorio de disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Desde 2017, cuando Baja California Sur cerró con 610 homicidios dolosos, la entidad no registraba hechos violentos de alto impacto, hasta la semana pasada cuando en pleno arranque de la temporada vacacional se registró un tiroteo cerca del malecón de La Paz, que dejó dos heridos, uno de ellos presuntamente operador de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
La entidad cumple una semana de tiroteos, narcomensajes, cuerpos hallados con huellas de tortura y amagos de grupos criminales a corporaciones policiacas.
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Luego del asesinato del comandante Ulises Omar Cota Montaño, de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, y de un subteniente militar en Guerrero Negro, el gobernador Víctor Castro Cosío reconoció que estos hechos son resultado de una “venganza” por el desmantelamiento de una célula delictiva en la zona norte y de una recomposición del crimen organizado en la entidad. Además, identificó a un generador de violencia, pero evadió nombrar las facciones.
En el gabinete de seguridad y corporaciones policiacas se investiga —a raíz de mensajes en narcomantas— una confrontación entre el grupo sinaloense liderado por René Bastidas Mercado, El 00, ex-operador de Dámaso López Núñez y quien fuera uno de los socios más cercanos a Joaquín El Chapo Guzmán, y la facción de Abraham Cervantes Escareaga, El Babay, detenido en 2017— y quien habría sido liberado— y supuestamente está en alianza con Los Zambada.
Una de las mantas colocadas e investigadas por las autoridades advirtió de un regreso de la violencia al estado y señala que El Babay estaría “peleando la plaza”.
El martes por la mañana apareció otro mensaje, presuntamente de este delincuente, en el que amenazó al “comandante Cota”.
Por la tarde, el comandante Ulises Omar Cota Montaño, sobrino del exgobernador Leonel Cota Montaño, actual subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, fue acribillado.
En medio de la tensión circuló un video presuntamente grabado desde un dron en el que se observa el atentado contra el comandante. El material no ha sido desmentido por ninguna autoridad.
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Al respecto, el gobernador reconoció que los criminales “cumplieron su amenaza”, lamentó el crimen y dijo que “no habrá impunidad”. Hasta ayer no había detenidos por este hecho.
Crece la preocupación
Ante este escenario, analistas en seguridad y atención a víctimas del delito advierten que se percibe la posibilidad de que se instale una nueva ola de violencia como la registrada anteriormente.
“Percibimos temor en la ciudadanía. Se genera una remembranza de lo que vivimos hace nueve años cuando la entidad llegó a tener el primer lugar nacional en muertes violentas. Con esa experiencia de vida, nos da la impresión de que vamos o podemos regresar a ese status y nos inquieta mucho y nos preocupa el silencio de las autoridades y la falta de capacidad para hacerle frente.
Un gobierno que ha sido incapaz de trabajar en la prevención del delito es incapaz de combatir la comisión del delito”, declaró a EL UNIVERSAL Arturo Rubio Ruiz, doctor en Derecho Penal.
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Afirmó que luego de 2017, el fenómeno delictivo cambió en el estado, pues se frenó la violencia de alto impacto en sitios públicos, pero no la criminalidad.
“Se logró que en lugar de que se hicieran exhibiciones públicas de fuerza, se desaparecieran personas. Lo único que se hizo fue ocultar la visibilidad de los hechos violentos y ahora están regresando. ¿Por qué? Nos indica que se perdió el control de los actores que estaban en pugna al interior de grupos criminales. El problema es que frente a ello, no tenemos una reacción inmediata y eficaz del estado”, enfatizó el experto.
Años de violencia
En 2006, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California Sur registró un total de 20 homicidios dolosos.
El gobernador de entonces, Narciso Agúndez Montaño, presumía a Baja California Sur como la entidad más segura del país en un contexto nacional violento; sin embargo, en 2014 la situación cambió tras la recaptura de El Chapo.
En julio de 2014 iniciaron choques entre facciones del Cártel de Sinaloa. Autoridades federales reconocieron que el Cártel Jalisco Nueva Generación también disputaba el territorio. Ese año la violencia dejó 70 homicidios dolosos y fue al alza: 151 en 2015; 216 en 2016 y 610 en 2017.
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Tras una alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos para los destinos turísticos del estado, entre los más importantes en el país, el gobierno federal anunció una estrategia conjunta: Más de mil efectivos militares llegaron y se establecieron dos cuarteles militares, uno con inversión de empresarios en Los Cabos.
Además, se designaron mandos militares en policías locales y un nuevo procurador, Daniel De la Rosa Anaya, quien estuvo en el cargo siete años y renunció la semana pasada por motivos personales.
En su despedida de la corporación, el gobernador le agradeció los resultados en la baja de homicidios; 2024 cerró con 56 casos.
Sin embargo, los hechos violentos recientes coinciden con su salida, aunque ninguna autoridad ha abordado el tema.
Castro Cosío admitió que la violencia en la entidad genera “incertidumbre”, y aseguró reforzar la vigilancia con una estrategia coordinada con el gobierno federal.
Melchor Soto Torres, integrante del consejo ciudadano en materia de desaparición de personas en el estado, declaró a EL UNIVERSAL que la ola de violencia registrada de 2014 a 2017 dejó “muchas víctimas colaterales” que nunca fueron atendidas, porque no hay una política de atención a víctimas en el estado, “sólo en el papel”.
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Preocupan —señaló— los efectos en la ciudadanía que pueda traer una crisis de violencia.