La designación más cuestionada

Flota Ocampo, catedrático de la Universidad Iberoamericana, fue Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, por lo que debió enfrentar una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un desalojo violento de pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, donde pereció un menor de edad. Encabezó una disculpa pública a los familiares de la víctima.

Cuestionado por organizaciones no gubernamentales por su papel en el Caso Chalchihuapan y por su forma de llevar la situación jurídica de 350 personas que organizaciones no gubernamentales consideraban como presos políticos, pues fue enlace con la Secretaría General de Gobierno (SGG) para atender las demandas para liberarlos.

También estaba a cargo de atender algunas de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para evitar la declaratoria de Alerta de Género por la ola de feminicidios en Puebla, lo que le trajo criticas de organismos feministas por su defensa a las actuaciones oficiales.

En el Distrito Federal ocupó diversos cargos públicos, entre ellos Coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno; Coordinador de Asesores de la Jefa de Gobierno; Asistente Dictaminador de Procedimientos No Penales de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia y Coordinador de Asesores del Procurador General de Justicia.

El Fiscal General del Estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, fue quien le abrió las puertas y quien lo propuso, con el apoyo de algunas universidades, para el cargo de Fiscal Anticorrupción.