Ciudad Juárez.— El 27 de marzo de 2023, José Ángel Ceballos Molina, de 21 años, y originario de Honduras, se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua, como muchos otros migrantes que buscaban llegar, a como diera lugar, a Estados Unidos.
El destino de José Ángel era Los Ángeles, California, pero su camino terminó esa noche en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de esta frontera. Fue uno de los 40 migrantes que fallecieron en el incendio que se desató esa noche.
Dos años después, desde Honduras, su familia aún llora su ausencia y señala al gobierno mexicano por no darles la cara.
“Para mí ha sido muy trágico. No es fácil superar la muerte de mi primogénito. Él era mi hijo primero. Dejó Honduras para buscar un destino mejor, para prosperar, por eso él se fue, porque teníamos necesidades también”, cuenta desde Honduras Lidia Antonieta Molina Calleja, madre de José Ángel, en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.
Para Lidia, su hijo era un joven muy bien portado, alegre y trabajador que sólo buscaba llegar a Los Ángeles para comenzar a trabajar porque, asegura, “allá es mejor pagada la mano de obra”.
La idea era que con el ingreso que José Ángel tendría al trabajar en Estados Unidos podría lograr el sueño de tener su casa y poner un taller en su natal Honduras.
La mujer relata que ella se enteró que su hijo había perdido la vida en el incendio por medio de su hermana Iris Yolanda.
Al recibir la noticia de la muerte de José Ángel, Lidia tuvo que ser ingresada para recibir atención médica, pues sufre de varias enfermedades que se alteraron con la noticia, por lo cual fue su familia la que se encargó de los trámites para poder repatriar el cuerpo.
José Ángel era el sustento de su familia en Honduras. Al morir dentro de la estación, no sólo se sufrió la pérdida humana, sino que su madre y hermanos debieron buscar otras opciones para pagar gastos y deudas que el joven contrajo, y debía cubrir con su trabajo.
Sin apoyo de México
La familia de José Ángel recuerda que tuvieron que identificar el cuerpo por medio de fotografías y vía Zoom, porque no tuvieron recursos para viajar a Ciudad Juárez e identificarlo en persona.
Reclaman que, a la fecha, no son reconocidas como víctimas indirectas, como núcleos familiares.
La familia señala que las autoridades mexicanas no se han acercado con ellos desde que recibieron el cuerpo. No han recibido la indemnización que les prometieron ni tampoco la reparación del daño por medio de un proceso legal.
“Se tenía que hacer una conciliación con nosotros, hablar con nosotros para llevar un proceso penal y no se hizo. Las autoridades mexicanas arreglaron las cosas a la conveniencia de ellos”, lamenta Iris Yolanda Betancour, tía del joven.
Señala que para toda la familia es lamentable que el gobierno mexicano aún no les garantice la justicia que se aseguró en un inicio.
“Nosotros creemos en la justicia, sabemos que [el incendio] fue un suceso que trascendió fronteras y que hay muchos medios que tienen conocimiento del caso, y yo lamento que el gobierno [mexicano], viendo la situación del caso, no hicieron prevalecer los derechos humanos de las personas que fracasaron esa noche”, expone la señora Iris Yolanda.
Es por ello que al cumplirse este jueves dos años de este hecho, en el que fallecieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos, continúan pidiendo justicia y que el gobierno federal retire a Francisco Garduño como titular del INM.
“Una de las máximas autoridades que tienen del poder ahí [Garduño] no debería tener los beneficios que tiene, porque lo tienen ahí sabiendo que gracias al puesto que él tenía perdieron la vida un montón de compatriotas y de diferentes nacionalidades y él no debería estar ejerciendo como servidor público, también debería de asumir su responsabilidad”, agrega la tía.
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Además están a la espera del proceso de disculpa pública que se tiene que dar por parte del Instituto Nacional de Migración y no descartan el poder venir algún día a Ciudad Juárez y conocer el lugar donde el joven perdió la vida.
En un inicio, el INM informó que las familias de las personas fallecidas recibirían 3.5 millones de pesos como indemnización.
El 27 de marzo de 2024 el instituto dio a conoce que hasta esa fecha se había indemnizado a 29 de 40 familias de las víctimas del incendio. No dio detalles sobre las identidades ni las cantidades que se dieron argumentando motivos de seguridad.
Tampoco informó el estatus del proceso para indemnizar a las 11 familias que estaban pendientes.