Chilpancingo.— Dominga, Abigail, Griselda, Catalina, Teresa, Maurilia y Flor tuvieron muchas cosas en común: todas vivieron en la Montaña de Guerrero, sufrieron la pobreza y la violencia hasta que fueron asesinadas. Todas también fueron abandonadas y asesinadas por sus parejas. Todos fueron feminicidios y sus crímenes siguen impunes.
Los feminicidios de estas mujeres son apenas siete de los 130 que ha documentado el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en la última década en los 19 municipios de la Montaña.
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio afirma que de los 130 feminicidios, sólo en tres ha habido sentenciados. La impunidad es asfixiante. Y lo peor, dice, en la Montaña han ocurrido muchos más feminicidios que no han podido documentar y que las autoridades ocultan.
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“Lo que está haciendo el Ministerio Público es que abren las carpetas de investigación por homicidios simples y le quitan la agravante de feminicidios, luego cuando las han querido matar no levantan la denuncia como tentativa de feminicidio sino por lesiones, así que cuando se cuantifican los casos de feminicidios son menos”, explica.
No denunció por miedo
Dominga era originaria de Metlatonoc. El 17 de febrero de 2019 fue asesinada por su pareja, el padre de su hijo. Desde que se juntaron, Dominga siempre fue violentada por Hermelindo. Un día la golpeó tanto que Dominga ya no se pudo parar. Esa vez se separaron. Ella no lo denunció por miedo a las represalias.
Un mes después, Hermelindo la llamó por celular. Se quedaron de ver en la tienda Super Che, en Tlapa, luego se trasladaron a una casa de huéspedes. Se quedaron durante la noche. Al día siguiente personal de la casa de huéspedes la halló muerta. Fue asfixiada.
Hermelindo fue detenido cinco años después gracias a la insistencia de los padres de Dominga.
Violencia sistemática
La Montaña de Guerrero se convirtió en un lugar violento para las mujeres y niñas. Los feminicidios, las desapariciones, los matrimonios forzados de niñas, las agresiones no se detienen. Las historias se acumulan por decenas, cientos.
Arias Vitinio considera que uno de los factores más importantes para que la violencia contra las mujeres permanezca en los pueblos de la Montaña es la violencia que ejercen las instituciones.
La abogada afirma que las mujeres no pueden denunciar las violencias que sufren porque los Ministerios Públicos no les creen y las revictimizan cuando sufren violencia familiar. Y esto, dice, es grave porque les niegan cualquier medida de protección y esto las pone al filo de los feminicidios.
Las mujeres en la Montaña, dice la abogada, enfrentan varios obstáculos como hablar su lengua materna. Los Ministerios Públicos no cuentan con intérpretes de las lenguas maternas y ellas los tienen que contratar, pero muchas no pueden pagarlos.
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No regresó a casa
Abigail tenía 16 años, era nahua de la comunidad de San Lázaro, municipio de Olinalá. El lunes 25 de septiembre de 2006, iba rumbo a su casa después de la escuela cuando en su camino encontró a cuatro vecinos que estaban borrachos. La llevaron a la fuerza a una casa abandonada, la violaron y la golpearon hasta que murió.
Abigail no llegó a su casa, su familia salió a buscarla hasta que la hallaron. Pero antes acudieron a las autoridades para que les ayudaran, pero sólo los revictimizaron. Tras la insistencia de los padres de Abigail detuvieron a tres por los delitos de homicidio calificado y violación tumultuaria.
Sin investigación
En 2018 en Tlapa, para atender a toda la región de la Montaña, se creó la agencia especializada en investigaciones de feminicidios. Sólo duró 2 años funcionando. Todos los casos de feminicidios sólo se están archivando. Todos los indicios, los perfiles genéticos que recabaron se están contaminando, cuando se requieran ya no servirán, dice la abogada.
Además, hay órdenes de aprehensión desde 2015 que no se ejecutan. ¿Cuál es el mensaje? Impunidad, que se puede asesinar a una mujer.
La abogada dice que desde el 2014 ha documentado 130 feminicidios en toda la Montaña, de esos casos sólo hay tres sentencias. En 2022 lograron la primera condena de un feminicidio.
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Su novio la controlaba
Griselda tenía 29 años, era de Tlacuiloya, Tlapa. Cuando estudiaba para profesora de inglés conoció a su novio. En 2023 se fueron a vivir a casa de uno de sus hermanos.
El novio comenzó a controlarla, la golpeó en cuatro ocasiones, los padres de Griselda intervinieron, pero siguieron juntos. El 22 de febrero de 2024 le contó a una amiga que había dejado a su novio porque la volvió a golpear. Ese mismo día él le marcó por teléfono insistentemente porque necesitaba verla.
Ese día al novio no le tembló la mano para sostener el cuchillo y asesinarla con 29 lesiones, la herida en el cuello fue mortal.
Sin ayuda
Muchos de los feminicidios pudieron evitarse, sin embargo, las autoridades no las protegen, no prevén la violencia.
“Hay muchos casos donde las víctimas van a denunciar que sus parejas las quieren matar, que casi las asfixian, las autoridades les deben dar medidas de restricciones, que no se acerquen a ellas, pero no lo hacen, lo primero que hacen es que las mujeres les comprueben que son agredidas, no les creen y las dejan solas”, dice la abogada.
Por otro lado, la población no quiere denunciar la violencia que sufren las mujeres por temor.
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Intentó defender a su madre
En el 2014, Catalina de 29 años, su mamá Teresa de 43 y su papá de 55 años, después de estar seis meses en los campos agrícolas habían regresado a la comunidad. Amado, pareja de Catalina, también había regresado.
Ese mismo día celebraron el regreso, se emborracharon. Por la noche, Amado y otros hombres ingresaron al cuarto de los padres de Catalina para robarles el dinero que habían ahorrado trabajando como jornaleros. Fueron agredidos con una navaja. Comenzaron a pedir ayuda.
Catalina escuchó los gritos y fue a ver qué pasaba. Trató de defenderlos, pero Amado le disparó en nueve ocasiones. Catalina tenía un embarazo de 35 semanas. Sus tres hijos fueron testigos de su asesinato.
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Sin consulta
El 10 de noviembre de 2021 en Tlapa, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda lanzó una estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de la Montaña y Costa Chica.
La abogada asegura que, a más de tres años del anuncio de la estrategia, nada ha cambiado.
Cientos de ellas siguen sin denunciar las violencias que viven diariamente, por miedo, por impunidad, porque hay pocos casos en los que hay justicia y castigo a los violentadores.
¿Por qué la estrategia de atención interinstitucional no es efectiva?
Arias Vitinio responde: cuando Salgado Pineda echó andar el programa para erradicar los matrimonios forzados no tomó en cuenta la opinión de las mujeres, las niñas, ni consultó a las lideresas comunitarias de la región. Expone que ninguna dependencia tocó de fondo el problema estructural que viven las comunidades indígenas.
Sus vecinos la mataron
Maurilia tenía 73 años. En octubre de 2021, sus vecinos Rogelio e Ismael tocaron su puerta, y le pidieron que los acompañara para que les enseñara la colindancia de su terreno.
Maurilia los acompañó al pedazo de tierra, pero al llegar la empezaron a agredir. Trató de defenderse, sin embargo, fue atada a un palo de encino y estrangulada con tortura sexual. Su nieta preocupada fue a buscarla. Al llegar se percató del feminicidio. Los agresores la siguieron, Rogelio trató de matarla con un machete para que no hubiera testigos.
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Acciones aisladas y no coordinadas
Marina Reyna Aguilar, directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, considera que hasta el momento los programas lanzados contra la violencia hacia la mujer son acciones aisladas y no coordinadas, como el Transporte Violeta.
“De qué me sirve que una combi o un taxi tenga el logotipo, tenga la letra si no hay acciones muy concretas, eso es para justificar una acción que se está haciendo, pero no nada más es una unidad, se necesita en todas las unidades”.
Pero el fenómeno que más le preocupa a la activista, quien monitorea en los medios de comunicación la violencia hacia la mujer, es que en Guerrero las zonas de silencio están reduciendo los espacios de información.
“Casi todos (los medios de comunicación) tienen convenios, en esos convenios también hay acuerdos de qué información sacar, que no sacar y bueno, la violencia contra las mujeres es muy poca la que sale ya”.
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Recibió amenazas
Flor, originaria de la comunidad Me’phaa de Loma Tuza, municipio de Acatepec, tenía 23 años. Era madre de 2 niñas de 5 y 3 años.
Flor se separó de Marcelino porque siempre la golpeaba. En agosto de 2014 acudió a la Sindicatura de Acatepec para solicitar los gastos de alimentos para sus hijas. Su expareja estaba muy molesto porque lo había demandado y no estaba de acuerdo con darle para los gastos. Sin embargo, acordaron la cantidad de 2 mil pesos mensuales. Al salir del ayuntamiento, Flor recibió amenazas directas por su osadía.
La mañana del 25 de agosto, su expareja y otros hombres entraron a su casa. La agredieron sexualmente de manera tumultuaria, y la asesinaron con un martillo. Una de sus niñas vio cómo la asesinaron.
Marcelino está cumpliendo una condena por el delito de feminicidio de 30 años de prisión. Es el primer caso en la región de la Montaña que se juzga por este delito.