A 55 años de fundado Cancún y, fruto de una sentencia que ordenó a su gobierno municipal, dejar sin efectos el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad (PDU 2022-2030), un grupo multidisciplinario de profesionistas, encabezados por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), impulsa una iniciativa denominada “11x4”, consistente en cuatro reformas legislativas que atienden el fallo judicial, cuyos alcances son de índole estatal.
El cuarteto de leyes lleva el nombre coloquial de un caso relevante –Ley Tajamar, Ley Pok Ta Pok, Ley en materia de Movilidad y Ley Solimán– y la campaña se realiza en Quintana Roo para agrupar las firmas y respaldo de otras agrupaciones y ciudadanía en los 11 municipios del estado, entre ellos, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Mahahual y Holbox.
Básicamente se busca, con base en los establecido en la sentencia 995/ 2023, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito, en mayo del 2023, que antes de aprobar o actualizar cualquier PDU, los ayuntamientos elaboren, incorporen y tomen en cuenta, obligatoriamente los Atlas de Riesgo de cada municipio, ya que deben ser la base para ubicar en dónde es apto, seguro y pertinente construir y en dónde no.
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La misma sentencia ordena que se incorporen Planes de Movilidad y estudios de capacidad de carga e impacto ambiental, previo a la autorización de proyectos, obras o acciones urbanísticas de cualquier tipo, para lo cual se instruyó al Congreso del estado a reformar la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para esos efectos, a fín de que esto fuese obligatorio.
El gobierno municipal, encabezado por Ana Patricia Peralta, prefirió combatir legalmente la sentencia, que acatarla, y ha dejado correr el tiempo, al igual que el Congreso, para que el PDU se actualice, sin haber dejado sin efecto la versión vigente.
Ante tal escenario, en agosto pasado, la abogada y fundadora de DMAS, Antonella Vázquez, junto con dos abogadas más, comenzaron a idear la iniciativa 11X4, a la que se fueron sumando urbanistas, arquitectas, economistas y ciudadanía, con la idea de que “la sentencia no se quedará ahí”.
Tan solo en Cancún, los efectos de la violación al marco legal urbano y ambiental, para la construcción masiva, sin estudios de capacidad de carga, han provocado en 55 años que las plantas de tratamiento de aguas residuales estén al límite de su capacidad, según DMAS.
Que se pierdan anualmente 5.8 metros de playa por la erosión, provocada por la intensidad del desarrollo; contaminación lagunar, derivado de la existencia de al menos 19 puntos de descargas de aguas negras ilegales, por parte de hoteles y restaurantes y la existencia de 50 fraccionamientos sin drenaje.
Objetivos de 11X4
En entrevista con EL UNIVERSAL, la abogada explica que el cuarteto de iniciativas será entregado al Congreso el próximo seis de mayo, para lo cual iniciaron el pasado 15 de abril, una campaña informativa en redes sociales y en municipios, dirigida a la ciudadanía, con el objetivo de explicar los contenidos y fundamentos de cada propuesta. Esta etapa incluye cápsulas informativas, videos y material de divulgación.
"La campaña es para que la gente sepa y apoye. Y sea una presión al Congreso una vez que se presente. Lo que quisimos es tener cápsulas y que 11x4 tuviera estos videos y estos ejercicios con un poquito de la información de cada una de las leyes, para que la gente vaya enterándose y en cuanto se presenten, comience la presión al Congreso", explicó Vázquez Cavedon.
También se prepara una petición en la plataforma Change.org que estará disponible una vez que las iniciativas ingresen al Congreso.
Así, las llamadas Ley Tajamar, Pok Ta Pok, sobre movilidad y Solimán, buscan la modificación de la Ley de Asentamientos Humanos y Leyes Urbanísticas –por ejemplo– para regular el crecimiento de la mancha urbana, establecer responsabilidades patrimoniales para servidores públicos, y garantizar información clara y accesible sobre fraccionamientos y contratos inmobiliarios.
“Lo que además queremos es, como ciudadanos, aportar, trabajar en estas propuestas, que quede constancia, que quede ese aspecto en donde la ciudadanía está aportando, quiere trabajar, quiere ese compromiso social”, subrayó.
Ley Tajamar
Esta iniciativa recibió ese nombre debido a la devastación de manglares en el polígono de Tajamar, en la ciudad de Cancún, para poder construir residencias, centros comerciales, condominios y hasta una catedral, entre el verano del 2015 y la noche del 16 de enero de 2016, cuando maquinaria entró a desmontar, con respaldo de la fuerza pública.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), impulsor del proyecto, falseó información y negó la existencia de manglares y humedales, lo que le permitió obtener permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), según la sentencia de un Tribunal Colegiado que dejó sin efecto esas autorizaciones, misma que impide desarrollar el lugar.
“Ubicar cenotes, manglares, humedales y ríos subterráneos se logra a través de los Atlas de Riesgo municipales y estas herramientas son obligatorias por diversas leyes a nivel nacional, pero en la Ley de Asentamientos Humanos de Quintana Roo ni siquiera son mencionados”, explicó Antonella.
Por ello, la iniciativa busca reformar la Ley de Asentamientos para que se obligue a contar con los Atlas de Riesgo por municipio y que su aplicación sea indispensable cuando se elabore o actualice un PDU o se intente modificar algún uso del suelo.
Ley Pok Ta Pok
Esta iniciativa atiende una lucha ciudadana que data desde 2009, cuando residentes del residencial Pok Ta Pok se opusieron a la pretensión de densificar y construir un ambicioso proyecto inmobiliario en el campo de golf del sitio, intentando cambiarle el uso de suelo.
En el PDU 2022, se abrió la puerta a ello, a través de ubicar a Pok Ta Pok como “Polígono de Actuación”, lo que permitirá que sea densificado y desarrollado su campo de golf, una vez que se elabore y apruebe un Plan Maestro que establezca nuevo parámetros urbanos.
“La Ley Pok Ta Pok busca reformar la Ley de Asentamientos y de Acciones Urbanísticas, para que no se autorice ningún cambio de uso del suelo, sin que exista antes un estudio de capacidad de carga que acrediten que la zona puede sostener el desarrollo planteado”, detalló Vázquez Cavedón.
Ley de Movilidad Sustentable
Esta iniciativa busca modificar la Ley de Asentamientos y de Acciones Urbanísticas para que tampoco se elabore ni actualice un PDU, ni cambios de uso del suelo sin contar con un Plan de Movilidad, que garantice que lo que se pretenda desarrollar no va a empeorar la carencia de rutas de transporte público, el tráfico y la ausencia de vías alternas, evitando congestionar e incluso, paralizar la ciudad, detalló la abogada.
Ley Solimán
Esta iniciativa se centra en modificaciones que tocan al Código Penal y la Ley de Asentamientos, para castigar los delitos contra el Desarrollo Urbano, que si bien se contemplan, no se sancionan.
Surge a raíz del caso del proyecto condominal Adamar, en Tulum, que se ha desarrollado en Bahía Solimán, de forma irregular, desde noviembre del 2023, sin acreditar la existencia de ningún permiso antes de iniciadas las obras, derivado de las omisiones del ayuntamiento encabezado por el alcalde, Diego Castañón, lo cual ha sido documentado por DMAS.
Pese a ello, el ayuntamiento de Tulum le expidió, ilegalmente, la licencia de construcción y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), expidió la constancia de congruencia urbanística de forma extemporánea. Las obras han sido clausuradas en cuatro ocasiones, pero se reponen.
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“La Ley Solimán sanciona los desarrollos que no cumplen con las obras mínimas, que se desarrollan sin servicios básicos y provocan daños irreversibles al medioambiente, pero también a la economía y calidad de vida de la ciudadanía”, señaló Vázquez Cavedón.
Adicionalmente se pretende la creación de un padrón obligatorio, público y accesible de fraccionamientos y desarrollos urbanos en todo el estado para que la ciudadanía pueda verificar la situación legal y técnica de cada desarrollo.
El registro también implicaría responsabilidades directas para funcionarios encargados de autorizar y supervisar estos proyectos, sin que se cumpla el marco legal.
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