Chilpancingo.— A las 4 de la mañana del jueves 28 de marzo de 2024, Margarita Ortega recibió una llamada, debía ir a las instalaciones del Ministerio Público en Taxco. El motivo: identificar un cadáver que había sido hallado sobre la carretera Taxco-Cuernavaca.
Todo comenzó a la 1 de la tarde del miércoles 27 de marzo. Era Semana Santa y Camila llegó a la casa de su vecina para jugar en una alberca de plástico. Así lo había hecho otras veces.
Tres horas después, Margarita fue por Camila, su hija; su vecina, Ana Rosa Díaz Aguilar, le dijo que la niña nunca había llegado.
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La familia se alertó, comenzó a buscarla y casi al mismo tiempo comenzó a recibir llamadas pidiéndoles dinero por la menor.
En los videos de las cámaras de vigilancia de una vecina se registró que Camila sí llegó a la casa de Ana Rosa. También se observa que la mujer y otro hombre, identificado como José Ricardo Amado Gaytán, bajaron del callejón Florida con un bote con ropa y una bolsa negra de plástico hasta la avenida Los Plateros, echaron los bultos a la cajuela de un taxi y se fueron.
La familia tuvo que ir a Iguala a presentar la denuncia. Inició la operación de búsqueda y se detuvo a José Ricardo, chofer del taxi, quien confesó el lugar donde fueron a dejar el cadáver.
César Gómez, tío de Camila, explicó que, de acuerdo con el informe pericial que les entregó la Fiscalía General del Estado (FGE), cuando identificaron el cuerpo, la niña tenía 14 horas de haber sido asesinada; habría muerto una hora después de que llegó a la casa de Ana Rosa.
La Ley Camila
Este 26 de marzo, Margarita llegó al Congreso de Guerrero, acompañada por su hija mayor, para estar presente en la aprobación de la Ley Camila, una iniciativa de reforma al Código Penal del estado que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para endurecer las penas contra delitos de abuso sexual y privación de la libertad contra menores de edad. La reforma fue aprobada por unanimidad.
Reformaron los artículos 179, 181, 184, 186 y 191 del Código Penal. Se estableció una pena de hasta 40 años de prisión por el delito de violación equiparada; hasta 17 años por abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Para el delito de hostigamiento sexual contra menores una pena de hasta 10 años con la atenuante de que si el responsable es servidor público, será destituido e inhabilitado por un periodo igual al de la pena impuesta.
Contra el delito de acoso sexual se impondrán penas hasta de 10 años de prisión. Contra la privación ilegal de la libertad será de hasta siete años y seis meses de prisión y si la víctima es menor de 18 años, la pena podría ser hasta de 10 años de prisión y hasta 500 días de multa.
Al término de la sesión, Margarita dijo que apoya la Ley Camila porque no quiere que se repita la historia que sufre su familia.
“Ningún niño merece que le corten las alas. Las leyes a veces son un poco injustas, sobre todo con las personas menores de edad que cometen delitos. Respaldo esta ley porque tengo hijos, porque fue víctima [su hija] y porque ningún niño merece pasar esto que estamos pasando. Yo respaldo todo lo que sea para honrar la memoria de Camila”, subrayó.
El linchamiento
El 28 de marzo de 2024, la casa de Ana Rosa amaneció rodeada. El callejón Florida y la avenida Los Plateros estaban llenos de personas exigiendo la detención de Ana Rosa y sus hijos, Alfredo y Axel.
A las 12:40 de la tarde, una turba subió las escaleras del callejón Florida. Hombres y mujeres se enfrentaron a los 20 policías estatales que resguardaban el domicilio. Tomaron barrotes, varillas, barretas, piedras y todos se enfilaron hacia la casa. Un grupo comenzó con la puerta y otro subió al techo.
La turba entró a la casa, arremetió contra la mujer y sus hijos. Los sacaron, los golpearon, los arrastraron por las escaleras hasta la avenida Los Plateros. Todo se convirtió en brutalidad. No tuvieron piedad. Policías y militares se limitaron a ver.
Al final, los dos jóvenes fueron rescatados por elementos de seguridad. A la mujer la subieron a una patrulla de la Policía Municipal, pero los golpes no pararon. Desde abajo le jalaron el cabello, le tiraban puñetazos y la insultaban.
Los golpes siguieron hasta que la bajaron de nuevo. En el piso la patearon hasta que se cansaron. Ana Rosa murió una hora después.
Niños y niñas, en riesgo
Marina Reyna Aguilar, directora de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, considera que la Ley Camila ayuda a combatir la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, pero no es suficiente.
Afirma que son necesarias las medidas que prevengan la violencia, que se actúe antes de llegar a hechos dramáticos.
“Está bien que se endurezcan las penas, pero no solamente es esa la responsabilidad que tendría en este caso el Estado, sino también apostarle a la prevención, que no se repitan estos casos”, dice la activista.
En Guerrero los niños, niñas y adolescentes son vulnerables.
Cifras del Inegi y el Coneval muestran lo siguiente: 68.8% de la población de 0 a 17 años vivía en situación de pobreza en 2022; esto correspondía a 832 mil niñas, niños y adolescentes. De ellos, 27.6% estaban en pobreza extrema.
Mientras que 33.4% de esa población presentaba carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en 2022, 55.3% tenía alguna carencia de acceso a los servicios de salud.
En Guerrero, niños, niñas y adolescentes son víctimas de asesinatos, son reclutados por el crimen organizado; a las niñas las siguen vendiendo y casando.
Los detenidos
Por el secuestro y feminicidio de Camila hay tres detenidos, Alfredo, Axel y Ricardo, el chofer del taxi.
Ana Rosa fue sepultada casi 15 días después porque ningún familiar quería recoger su cadáver, por el temor de ser atacados.
El único que hasta ahora tiene una condena es Alfredo, el hijo menor de Ana Rosa. Un juez de enjuiciamiento penal lo sentenció a cinco años por el delito de feminicidio, en su calidad de coautor.