
Tlaxcala, Tlax.- Durante casi doce horas, la comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, fue escenario de una tensa negociación entre pobladores y fuerzas de seguridad, luego de que un hombre acusado de intento de robo fue capturado por los vecinos y retenido bajo amenazas de linchamiento.
Lo anterior desató una escalada de exigencias sociales y una respuesta contundente del Estado al activar un operativo antilinchamiento, ante la negativa de los lugareños de entregar al presunto ladrón.
Los hechos comenzaron alrededor de la una de la madrugada del miércoles, cuando un grupo de habitantes sorprendió a un individuo dentro del domicilio de un vecino, identificado localmente como “Don Víctor”.
Según los testimonios, el hombre había ingresado con fines delictivos, lo que provocó la furia inmediata de la comunidad.
Tras su captura, fue llevado por las calles a manera de escarnio y posteriormente encerrado en las instalaciones de una escuela pública donde amenazaban con lincharlo, aunque la reacción de los pobladores no fue más allá de una ligera golpiza.
La respuesta colectiva no se limitó a la retención del presunto ladrón. También bloquearon los accesos a la comunidad con automóviles y camionetas.
Las campanas de la iglesia fueron repicadas insistentemente para convocar a los habitantes, mientras que en redes sociales se organizaron vigilias y se emitieron advertencias claras: nadie debía registrar los hechos con sus teléfonos móviles y, en un tono más grave, se amenazó a cualquier periodista que intentara documentar lo que ocurría.
“¿Por qué repican las campanas de esa forma? Agarraron a un ratero”, se leía en algunos grupos y perfiles de redes sociales administrados por vecinos de Cuahuixmatlac.
“Si llega algún medio de comunicación, se atienen a las consecuencias, advertidos están”, fue una de las amenazas directas para la prensa.
En medio de este clima, los pobladores expresaron su hartazgo. Denunciaron una larga lista de agravios, que van desde robos frecuentes a viviendas hasta asaltos violentos en las carreteras locales. El asalto más reciente fue contra un repartidor de gas.
Por ello, con el presunto delincuente bajo su control, decidieron presionar a las autoridades exigiendo alumbrado público, mayor presencia policial y condiciones mínimas de seguridad para la vida cotidiana.
Sin embargo, las negociaciones entre líderes comunitarios y representantes del gobierno no prosperaron. Y fue hasta casi el mediodía que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso en marcha un operativo de extracción.
Más de un centenar de elementos estatales, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y la Policía Municipal, ingresaron a la localidad. La operación no estuvo exenta de violencia.
Para disolver a los manifestantes, las fuerzas del orden utilizaron gas lacrimógeno, lo que provocó escenas caóticas. Personas adultas y estudiantes fueron vistos huyendo entre nubes de humo, tosiendo y con signos de afectación respiratoria.
Pese a la resistencia inicial, el operativo permitió sacar al hombre retenido sin enfrentamientos mayores.
Minutos después del rescate, comenzaron a circular videos en redes sociales donde se muestra a los pobladores en fuga. En algunos de estos materiales, se escuchan acusaciones directas contra la gobernadora Lorena Cuéllar, a quien responsabilizan por lo que consideraron un uso desproporcionado de la fuerza.
“Parece que tienen más derechos los delincuentes que nosotros, los ciudadanos que sólo pedimos seguridad”, expresó una mujer en uno de los clips.
En contraste, el gobierno estatal calificó el despliegue como exitoso. A través de un comunicado oficial, informó que la intervención logró evitar un linchamiento y garantizar la integridad del acusado, así como restablecer el orden público.
“Se logró el rescate de una persona que era retenida por habitantes de la comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac, municipio de Chiautempan, evitando así que fuera linchada”, insistió el gobierno local.
Horas más tarde, los lugareños advirtieron que quien pagará las consecuencias por la violencia institucional en su contra será su autoridad comunitaria, quien les había prometido que no se haría uso de la fuerza pública si entregaban a la personas retenida.
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