La Paz.— Pese a su poca población, con 800 mil habitantes, en Baja California Sur los programas preventivos para atender la violencia de género han fracasado, llevando a la entidad a los primeros lugares del país con más denuncias por violación, violencia familiar, incluso feminicidios, por cada 100 mil habitantes.
La entidad enfrenta dos realidades: un destino turístico atractivo para 4.5 millones de visitantes —tan sólo en 2023—, pero peligroso para las mujeres en sus hogares, en las calles, en los bares, hasta en los centros escolares.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares 2021 del Inegi, en BCS más de la mitad de las mujeres de 15 años o más (63%) experimentó algún tipo de violencia en su vida, y al menos 30% ha enfrentado violencia en el ámbito escolar.
En lo que va de 2024 suman ocho los feminicidios documentados; sin embargo, la cifra se eleva a 29 si se cuenta desde 2018, cuando inició la tipificación.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coloca a la entidad en el tercer lugar nacional, con una tasa de 1.61 presuntos feminicidios por cada 100 mil mujeres, sólo después de Chihuahua (1.90) y Morelos (3.98).
En violencia familiar, en los tres primeros años de gobierno del morenista Víctor Castro Cosío (de 2022 a 2024) las cifras se han incrementado, alcanzando las 11 mil 610 denuncias. A ello hay que considerar una cifra negra de 92%, de acuerdo con el Inegi.
Iris Manríquez, del Colectivo Búsquedas por La Paz, señaló que el delito de las desapariciones en BCS también ha ido en aumento. La Comisión Nacional de Búsqueda registra 47 mujeres desaparecidas de 2022 a la fecha.
Programas sin futuro
Con una tasa de 286 delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes, BCS ocupa el cuarto lugar nacional, y la misma posición en el delito de violación sexual.
El mandatario ha dicho que en la entidad se comete, al menos, “una violación sexual cada tercer día”.
En enero de 2023 el gobierno estatal lanzó un programa clave con el propósito de prevenir y erradicar la violencia contra mujeres: la Cruzada Párale a la Violencia, cuyas acciones contemplaban la sensibilización, promoción, ferias de empleo y apoyo a emprendedoras. No obstante, evadió informar sobre el monto de inversión, pese a reiterados cuestionamientos.
El entonces alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, hizo notar el problema de origen: “Vamos a entrarle en serio… debemos ayudar a nuestras mujeres, pero esto [la violencia] se va a acabar cuando le inyectemos recursos”.
En septiembre pasado, en el marco del asesinato de Yeimi Alondra Aguirre López —una joven a la que un hombre invitó a un yate en la marina de Cabo San Lucas, donde la asesinó y luego lanzó su cuerpo al mar—, Castro Cosío reconoció que Párale a la Violencia no funcionó como esperaba.
Otra promesa sin futuro fue la construcción de un refugio para mujeres violentadas en Los Cabos. El gobernador incluso aseguró que ya se contaba con recursos para ello. Un año y 10 meses después no han iniciado los trabajos.
Los Cabos, junto a La Paz, tiene la mayor incidencia de delitos contra mujeres. La semana pasada, en el Congreso local se abordó el tema y se reconoció el fracaso de la política preventiva. Se aprobó un exhorto para que la Procuraduría General de Justicia local y la Secretaría de Seguridad Pública logren estrategias efectivas de cohesión social y paz.
También se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y tipificar la tentativa de feminicidio así como aumentar las penas contra feminicidas, pues actualmente BCS es la tercera entidad con la menor pena en todo el país, 30 años.
El gobierno estatal eligió a Los Cabos para relanzar a principios de noviembre la Cruzada contra las Violencias. Se anunció la construcción del Centro de Justicia para mujeres, para recibir y atender las denuncias, con una inversión de 14 millones de pesos.
Exigen dejar simulación
En este marco, colectivas feministas reclaman acciones efectivas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
La Asamblea Feminista de BCS, de cara a las movilizaciones del 25 de noviembre, reiteró la exigencia a las autoridades estatales para “dejar las simulaciones que cuestan vidas, y atender de manera pronta y expedita las denuncias de las mujeres y que emitan verdaderas medidas preventivas”.
Recordó que Los Cabos no tiene un refugio para mujeres víctimas de violencia y exigió frenar el acoso escolar: “No queremos más acoso en las escuelas, no más complicidad”.
La secretaria de Educación Pública, Alicia Meza Osuna, reveló que una treintena de docentes y administrativos han sido removidos de sus cargos en tanto se investiga su presunta participación en delitos sexuales en planteles escolares.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, Arturo Rubio Ruiz, doctor en Derecho Penal, aseguró que Baja California Sur resulta privilegiada por su geografía para implementar programas pilotos en materia de prevención y contención del delito, pero prevalece la apatía y la simulación.
Sostuvo que para frenar la violencia persistente contra mujeres es necesario establecer una efectiva coordinación, planes y programas de estudio que promuevan la sana convivencia y los valores, aplicar inteligencia y recursos.
“Pero no tenemos nada de eso. Además, es necesaria una mayor participación ciudadana. Establecer redes vecinales, vigilar a nuestros policías y obligar a las autoridades a actuar”, puntualizó.