Fiscalía Anticorrupción va contra madre de Roberto Borge

Cancún.— La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en Quintana Roo informó que el amparo promovido por Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador del estado, Roberto Borge, quedó sin efecto, por lo cual puede ser detenida en cualquier momento por elementos de la Policía Ministerial. La mujer enfrenta una imputación por probable peculado.

El mismo caso aplica para la ex directora del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario del estado, Claudia Romanillos, acusada por el remate de predios a precios subvaluados.

Los amparos de una y otra ciudadanas tienen como número de expediente 3007/2018 y 302/2018 y quedaron sin efecto, lo que hace posible su detención, precisó la institución.

Mediante un comunicado dirigido a la sociedad, la fiscalía pidió la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de la ciudadana y de la ex funcionaria, pues se desconoce la ubicación de ambas.

Angulo Castilla figura dentro de un listado de familiares, amigos y empleados del ex mandatario, quienes fueron denunciados como sus presuntos prestanombres en operaciones irregulares ante la PGR, entre septiembre y noviembre de 2016, por la organización Somos Tus Ojos.

De acuerdo con las denuncias presentadas en noviembre de 2016, se indica que Angulo Castilla, junto con el abogado de la familia Borge, González Hermosillo y Melgarejo y José Morín Lázaro, quien fungió como coordinador técnico del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del estado (IPAE), estuvieron involucrados en la compra-venta de un terreno de 111 mil 800 metros cuadrados en Cozumel.

El monto de la compra al IPAE, por metro cuadrado, conforme a lo denunciado, fue de 137 pesos, cuando el valor comercial es de 200 dólares en promedio. La operación total alcanzó los 15 millones 370 mil pesos, más otro millón por concepto de gastos. Los pagos fueron a plazos.

A la organización le llamó la atención que Yolanda Angulo no poseía actividad empresarial, ni herencia, que justificasen la capacidad económica necesaria para una compra millonaria como la que hizo, razón por la cual solicitó a la PGR investigar el origen de los recursos usados en la adquisición del inmueble.