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La Paz.- La Fiscalía Estatal Anticorrupción en Baja California Sur solicitó ante el Congreso local el desafuero de la diputada local Alondra Torres García, ante la investigación en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad por simulación, ocasionando un presunto daño al erario por 14 millones de pesos.
Lo anterior, vinculado a un caso cuando ella fungía como síndica en Los Cabos y habría firmado documentos sobre una operación irregular por la cual se pagaron 14 millones de pesos por concepto de intermediación financiera a una empresa para solicitar un préstamo para el Ayuntamiento, gestión que nunca se realizó, según advierte la Fiscalía.
Por esos mismos hechos, el exalcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, ya se encuentra vinculado a proceso con medidas precautorias, como la firma periódica y se está ampliando la investigación y la defensa.
La Fiscalía también solicitó el desafuero de otro exfuncionario, Ariel Castro Cárdenas, actual coordinador de Enlace Legislativo Municipal en el Gobierno del estado -que gobierna el morenista Víctor Castro Cosío-.
Castro Cárdenas fungía como secretario general en la pasada administración hasta que en abril de 2024 renunció, dos meses antes del proceso electoral, y fue nombrado en el cargo actual un mes después de la elección.
La Fiscalía Anticorrupción del estado informó en un comunicado que el delito por el que se investiga a los servidores públicos es “abuso de autoridad por simulación”, previsto y sancionado por el artículo 276 del código penal para el estado, en agravio del Ayuntamiento de Los Cabos.
Añadió que la solicitud de procedencia de ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos que actualmente cuentan con el fuero constitucional es una obligación legal establecida en la Constitución Política de BCS, a fin de dar seguimiento a la investigación y atendiendo el derecho de la ciudadanía –refirió– "a vivir libre de hechos de corrupción".
El fiscal Lenin Ortiz Amao reiteró que el procedimiento es que el Congreso local debe integrar una comisión instructora y realizar las diligencias necesarias para resolver sobre la petición que realiza la Fiscalía.
Enfatizó que se aportaron los datos de prueba y los argumentos que acreditan –dijo– dicha petición, y aseguró que desde la Fiscalía se seguirá trabajando en el combate a la corrupción y para garantizarle justicia a la ciudadanía frente a hechos cometidos por servidores públicos.
A la fecha, según declaró, suman al menos una decena de exservidores públicos que están siendo investigados, algunos de ellos vinculados ya a proceso por su probable participación en hechos delictivos en perjuicio del erario. Algunos casos son por lavado de dinero y otros hechos de corrupción.
Al respecto de esta solicitud, la diputada Alondra Torres dijo sentirse "tranquila" y aseguró que aportará todas las pruebas para su defensa; además, no descartó --dijo-- que pueda ser una "persecución política".
"Yo con la frente en alto como siempre. Hay un proceso que se debe seguir, que se debe agotar y vamos a esperar. Me van a dar la oportunidad de presentar medios de prueba y a lo mejor se llevan sorpresas algunos, eh", declaró.
En diciembre del año pasado la mayoría morenista y aliados PT y PVEM votaron en contra de incluir en el orden del día la discusión sobre la iniciativa presentada por una diputada morenista, Guadalupe Vázquez Jacinto, para eliminar el fuero constitucional a servidores públicos y representantes populares.
Actualmente desarrollan foros para “socializar” la iniciativa y someterla de nueva cuenta a votación. El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, al respecto declaró estar a favor de eliminar privilegios “que solapan la corrupción”.
afcl
