Falso que haya plazo para entregar a Alejandro Gutiérrez: Chihuahua

Es falso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya dado un plazo de tres días a las autoridades estatales para trasladar a un penal federal al ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez , y los ex funcionarios estatales Antonio Tarín y Gerardo Villegas , aseguró el consejero jurídico del estado, Jorge Espinoza Cortés.

En conferencia de prensa, Espinoza Cortés desmintió la versión que ha sido divulgada en medios de comunicación respecto que la SCJN ordenó el traslado inmediato de los tres detenidos y acusados del desvío de alrededor de 250 millones de pesos a campañas del PRI, e insistió en que Alejandro Gutiérrez se queda en el estado, a disposición del Poder Judicial de Chihuahua, para que responda por las causas penales que aquí se le siguen.

El consejero jurídico enfatizó que ni hay ultimátum, ni hay entrega de Gutiérrez ni de los otros imputados por delitos de peculado, por lo que únicamente se trata de desinformación.

“Lo único que hizo la Suprema Corte de Justicia fue emitir un Acuerdo, no alguna sentencia o resolución, para desechar el recurso de revisión que interpuso la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua cuando solicitó, como parte afectada o como víctima, una reconsideración ante la resolución del Tribunal Colegiado que pidió entregar el caso a un juez federal”, expuso el funcionario.

Aclaró que en el Acuerdo se menciona un plazo de tres días, pero solo para responder a la SCJN sobre el cumplimiento dado a lo resuelto por el Tribunal, algo que no le compete a la Consejería, sino a los jueces.

“La realidad es simplemente un Acuerdo de la SCJN, donde no admite un recurso de revisión presentado en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado, que determinó que el juez competente para conocer una de las causas penales era el juez federal de la Ciudad de México (Gerardo Moreno García), es todo lo que ha resuelto la SCJN”, expresó.

De acuerdo a lo expuesto, Gutiérrez y los otros dos imputados seguirán recluidos en un penal estatal, pero atenderán las audiencias para las que sean requeridos en los juzgados federales.