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Pachuca.- Un ex trabajador de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo acusó al titular de esta dependencia, Ricardo Gómez, y a la subsecretaria de Participación Social y Fomento Artesanal, Areli Maya, de incumplir en siete ocasiones una orden judicial de reinstalación en su puesto.
De acuerdo con el denunciante, identificado como Alberto Osorio, en 2017 fue despedido de manera injustificada durante los primeros meses del gobierno de Omar Fayad. Por esta razón acudió ante las instancias correspondientes para demandar su reinstalación.
Precisó que en el laudo 317/2017, emitido por el Tribunal Laboral del Estado, se ordena su reinstalación en la Secretaría de Bienestar, así como el pago de salarios caídos.
Sin embargo, las autoridades de la dependencia han evadido dicha orden judicial bajo diversos argumentos, los cuales, según afirmó, han sido rechazados por las autoridades laborales, ya que ha demostrado que durante 21 años trabajó en el gobierno estatal y que su despido fue injustificado.
Durante este tiempo, aseveró que ha realizado siete diligencias con el objetivo de recuperar su trabajo, pero todas han sido frustradas. Explicó que, al acudir con las autoridades laborales para la toma de posesión de su cargo, se ha encontrado con oficinas cerradas, ausencia del personal autorizado para su reinstalación o condicionamientos a aceptar un acuerdo económico por debajo de lo establecido en el laudo.
Aseguró que entre los señalamientos de Ricardo Gómez y Areli Maya está que la reinstalación debe ser autorizada por la Dirección Jurídica; no obstante, afirmó que la resolución también establece que debe ser la Secretaría de Desarrollo Social quien ejecute su reinstalación, ya que es en esa dependencia donde debe retomar sus funciones.
También rechazó las versiones sobre supuestas fallas en el acta o que él haya llegado tarde a las oficinas para su reinstalación, aseguró que son falsedades. Explicó que actualmente la jueza ordenó integrar una carpeta de investigación por desacato y aplicar multas vía SAT contra los responsables.
“Es un derecho fundamental que se respete la resolución. Llevamos años desde que el laudo fue emitido y no hay voluntad para cumplirlo”, declaró. Indicó que el proceso está ahora en el Tribunal Colegiado y podría derivar en medidas más estrictas contra los funcionarios.
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