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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), el gobierno comunitario de Chilón y comunidades de la zona, exigieron la cancelación de la construcción de la autopista Palenque-Ocosingo, que arrancó este mes, porque “está impulsada" sin la aprobación de los pueblos originarios y es violatoria de sus derechos humanos.
El gobierno de Chiapas aseguró que la obra se construye con respeto al entorno natural y a la vida comunitaria de esos pueblos de la región, porque la autopista "pertenecerá" a ellos.
Aunque, la organización comunitaria expuso que para tal proyecto no se consultó a las comunidades; en el proceso que organizó el gobierno obtuvo el consentimiento de un pequeño grupo de poder, pero éste no representa a sus pueblos.
"Esta carretera destruirá el entorno natural"
Esa construcción, añadió, la organización comunitaria, representa el inicio de la devastación de los recursos naturales y "de la vida" que han preservado por siglos.
El Modevite advirtió que esa carretera destruirá selvas, ríos, manantiales y territorios sagrados, asimismo alterará las formas de vida comunitaria, facilitará el despojo territorial dará paso a los intereses extractivos.
La agrupación ambiental recalcó en un comunicado que fueron discriminados en sus derechos como ejidatarios al extremo de violentar su derecho a la tenencia de la tierra.
El pasado 8 de junio, el gobernador Eduardo Ramírez encabezó la apertura de los trabajos de la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo, llamada La ruta de las Culturas Mayas.
El mandatario afirmó que esa obra representa el anhelo de muchos años de las comunidades de la región y será un detonante para el desarrollo social, económico, comercial y turístico.
Ramírez Aguilar aseguró que la autopista que se construye en aquella región Norte-Selva no será concesionada, porque pertenece a las comunidades y se construirá con pleno respeto al entorno natural y la vida comunitaria de esos pueblos.
El inicio de los trabajos fue antecedido por una ceremonia tradicional chol en la que las comunidades solicitaron "permiso" a la tierra para realizar la obra carretera.
Sin embargo, Modevite denunció que esa obra pública será la puerta de entrada para la destrucción territorial. Enumeró que en la primera etapa del proyecto se destruirán 387 hectáreas de selva.
Aunado a que contaminará ríos de esa región selvática, entre ellos, El Jataté y El Tulijá, e invadirá sus cerros ceremoniales en oposición a lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por tanto, demandaron que los trabajos sean cancelados, así como también los permisos ambientales porque ponen en peligro "sus modos de vida".
Modevite pidió también una "investigación internacional" sobre la consulta a las comunidades con la participación de la Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como el retiro de las fuerzas policiales y militares de la zona.
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