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San Cristóbal de las Casas.— De enero de 2023 a junio de 2024, 15 mil 780 personas han dejado sus hogares en 13 municipios de Chiapas, como consecuencia de la guerra entre los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Chiapas, de Guatemala y de Sinaloa.
En el informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se dio a conocer que los más de 15 mil desplazados son originarios de: Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.
Por municipios, dice el organismo que preside el obispo emérito Raúl Vera, Ocosingo representa 25% de los desplazados por la “violencia contrainsurgente”.
Explica que, en México, entre las causas del desplazamiento forzado destacan que 35% se debe a la disputa del control del territorio por el crimen organizado; la violencia contrainsurgente que afecta a bases zapatistas, con 35%, y la violencia generalizada con 30%.
“El desplazamiento forzado ha sido provocado por la acción, omisión y aquiescencia de las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad pública, locales y federales, la expansión de grupos armados ilegales, sicarios y paramilitares, que se disputan el control de territorios estratégicos para el trasiego de migrantes, armas, drogas y carros robados”, señala el documento.
En cuanto a la desaparición forzada de personas, dice que entre 2019 y 2023 aumentó 358% en el estado. “Esto ocurre principalmente en el marco de la disputa por el dominio del territorio, basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales”.
En el caso de la violencia machista, la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales, ya que supera ampliamente el promedio nacional de 25%, alcanzando más de 60%, en su mayoría, afectando a niñas y adolescentes.
El informe también da a conocer que, de enero a junio de 2024, en Chiapas se registraron 632 desaparecidos, de los cuales 217 son niños y adolescentes, pero la Alerta Amber ha registrado 234 casos.
“Es urgente la instauración del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta, previsto por la Ley de Desaparición para el estado. A más de cinco años de su anuncio, ha existido una visible oposición por la conformación de esta instancia, necesaria como mecanismo para asegurar que las necesidades y opiniones de las víctimas sean tomadas en cuenta”.
