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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La demanda de justicia de la agraviada Verónica Jacqueline Ordóñez Roblero, quien fue atropellada en el año 2011 por un vehículo de una de las empresas del actual secretario de Finanzas del gobierno de Chiapas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, ya es atendida por " instrucciones" de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República.
Adriana Contreras Vera, titular de dicha Dirección federal, informó a Ordoñez Robledo que Sheinbaum les pidió que atendieran su requerimiento en el que pide que se cumpla la resolución jurisdiccional que ordena a las empresas de Pariente Gavito que liquide la indemnización generada por el accidente, hace 14 años en en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez.
"Tu solicitud ha sido leída con detenimiento y se ha pedido el apoyo de compañeros, servidores públicos de las dependencias, a las que les corresponde ese tema. Y, de aquí en adelante, nos encargaremos de darle seguimiento y constar que tu petición tenga una respuesta", le escribió la funcionaria federal a la agraviada por cuyo percance quedó en silla de ruedas y con dificultades para hablar.
Por el caso, se le asignó el folio 20250903ORRV89, con el cual la víctima podrá solicitar información o acudir a esa oficina dependiente de la Presidencia de la República y revisar los datos que tiene tal dependencia y el organismo al fue canalizada.
Ordoñez Robledo y su abogado Rosemberg Díaz Pérez presentaron esta semana una carta a la presidenta Sheinbaum, en la que piden su intervención para que se acate y cumpla la sentencia de reparación de daños.
El accidente vehicular de la contadora pública de profesión, y madre de una menor, a la que ha tenido que sustentar con grandes esfuerzos en su condición actual de semi parapléjica, ocurrió cuando cruzaba una avenida con indicaciones de tránsito peatonal.
En ese momento, fue arrollada por una camioneta que viajaba a exceso de velocidad, propiedad de las empresas cerveceras distribuidoras de Pariente Gavito, un político de origen priísta y que desde el 8 de diciembre pasado ocupa la secretaría de Finanzas del gobierno morenista de Chiapas.
En 2017 el primer tribunal de alzada en materia penal del Poder Judicial, con sede en Tuxtla Gutiérrez, sentenció, en cumplimiento de un recurso de amparo, a que las dos empresas de Pariente Gavito repararán los daños materiales y morales (emocionales).
Posteriormente, el 5 de septiembre de 2023, dicho tribunal acató un amparo más y determinó de manera definitiva el monto económico, por concepto de indemnización, a pagar de manera inmediata; sin embargo, a hasta el momento la sentencia no se acata, al contrario la empresas responsables posponen la liquidación mediante amparos consecutivos contra actos de ejecución.
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Rosemberg Díaz afirmó que Luis Alberto Vázquez Vázquez, apoderado legal de las empresas cerveceras sentenciadas, quien además es asesor jurídico de Pariente Gavito en la secretaría de Finanzas del gobierno de Chiapas, ha sido el representante jurídico que presentó y suscribió los amparos, al menos, hasta en julio pasado.
El abogado refirió que el principio de definitividad del amparo, establecido en la Constitución, determina que este recurso legal no procede contra actos de ejecución de una sentencia que ya quedó firme y, por tanto, ya no puede ser cuestionada cuando no se realizó en el plazo legal.
"En el caso concreto, la sentencia del 5 de septiembre de 2023, fue recurrida por las empresas mediante amparo que fue presentado en forma extemporánea, y en consecuencia, adquirió definitividad, así que dicha sentencia debe cumplirse acatando su resolución integral, como la resolvió el juzgador", precisó Díaz.
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En este asunto, el asesor jurídico, aseguró que la conclusión del prolongado proceso legal está envuelto en un conflicto de intereses, expuesto y denunciado ante las autoridades competentes, por tanto fue necesario que se pidiera la intervención de la presidenta Sheinbaum.
Argumentó que se trata de un conflicto de intereses en este asunto legal " porque las empresas responsables sentenciadas pertenecen a Pariente Gavito, titular de la secretaría de Finanzas, y su abogado defensor Vázquez Vázquez, es también asesor adscrito en la oficina particular del citado funcionario estatal".
La agraviada Ordoñez Roblero, por su parte, denunció que ha sido re victimizada por la falta de justicia legal, es decir porque el Estado mexicano y sus gobiernos no le garantizan su derecho a la reparación de los daños como víctima de delito.
La entrevistada pidió el pago de su indemnización correspondiente ante la difícil situación económica que atraviesa, porque su condición de discapacitada derivada del accidente no le permite realizar ningún tipo de trabajo para el sustento de su hija menor y el pago de terapias y medicamentos.
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