Mazatlán Villa de Flores. — En el año 1951 los habitantes indígenas de Mazatlán Villa de Flores, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, se cooperaron para comprar un terreno para la comunidad, que estaba en posesión de uno de sus pobladores, con el fin de destinarlo como corral para sus animales que transportaban el material para la construcción de la iglesia.
Un documento de la comunidad fechado el 20 de marzo de 1951, escrito a mano, detalla que la colecta se realizó el 10 de enero de ese año; cooperaron 107 ciudadanos con aportaciones de 10 y 15 pesos, con los que juntaron mil 527 pesos.
En esos años se construía el templo católico y debían llevar material desde la estación del ferrocarril de Tecomavaca, un recorrido que duraba de 10 a 12 horas.
La comunidad acordó que “con el tiempo el terreno podrá arreglarse para que ahí conviva el pueblo. Ningún particular sea civil o religioso podrá apropiarse del terreno; sea la comunidad mazateca la legítima dueña de este terreno, porque es la comunidad quien dará el dinero para comprar el terreno”.
También proyectaron construir un lugar en el cual reunirse, y lo lograron, ahí, construyeron la Casa Azul, una explanada y unas gradas, que hasta la fecha utilizan como centro de reunión.
Ahora, este predio se ha convertido en el centro de disputa con el párroco Roberto Cacahuatitla, y un grupo de feligreses que reclaman ese espacio como parte de la iglesia, lo que ha dividido a la comunidad.
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El pasado 15 de febrero, el párroco les dijo: “Yo estoy de paso y estoy cuidando el terreno del obispo de Huautla de Jiménez.
“Esta expresión sorprendió a los presentes y más aún cuando el mismo párroco traía en sus manos una cinta métrica y en compañía del profesor Teófilo Marín Pablo, presidente municipal, empezó a medir la supuesta propiedad del obispo de Huautla”, aseguró Margarita García López, quien era la representante de la autoridad comunitaria del municipio hasta el pasado 23 de abril.
Explicó que la comunidad atraviesa “una situación difícil” porque no es la primera vez en que autoridades quieren apropiarse de un bien de la comunidad.
Teme, además, que detrás de este conflicto, también haya un interés político de cara a la elección de sus nuevas autoridades municipales; en un contexto en el que el actual presidente municipal, Teófilo Marín, sufrió un ataque armado el pasado 17 de febrero, en el que falleció su chofer.
Una comunidad dividida
El sacerdote Roberto Cacahuatitla argumenta que la iglesia y el predio son bienes de la Arquidiócesis de Antequera e, incluso, afirma que la Iglesia cuenta con un documento de la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la que le autoriza a disponer de ese inmueble, bajo el argumento de que está en posesión de la parroquia.
La autoridad comunitaria de Mazatlán Villa de Flores subraya que la pretensión del párroco de apropiarse de la Casa Azul, la explanada y las gradas de la comunidad, ubicados sobre este terreno en disputa, ha logrado partir a la población entre los que están de acuerdo con el sacerdote y los que se oponen a sus intenciones.
En esta comunidad mazateca, detalla, viven alrededor de 11 mil personas, de las cuales unos 10 mil son católicos.
“Pero con eso que está haciendo el párroco de quitarnos esa propiedad, lo que está haciendo es dividirnos, no nada más dividir, si no conflictuar a la comunidad, o sea, de por sí nuestro tejido comunitario está endeble, ahora súmale esto que está haciendo el párroco”, expresa.
Margarita se refiere al “tejido comunitario endeble” por el atentado contra el presidente municipal, quien aún se encuentra convaleciente. Por tal motivo, se le dirigió un oficio al obispo de Oaxaca, en el que se le advierte que el párroco está creando una división entre los mazatecos católicos.
Sin definición, la propiedad de la tierra
Los municipios de la región mazateca, explica Margarita García, no tienen definida la propiedad de la tierra: ni es pequeña propiedad, ni ejidal ni comunal; son bienes nacionales y no sólo es el caso de Mazatlán Villa de Flores, sino también de otros municipios de la región.
“Si hablamos desde esta visión de lo privado, lo que tenemos es la posesión, el uso del bien, pero no tenemos la propiedad, el uso es tener una casa, o para cultivar la tierra, y sí tenemos un documento que respetamos dentro de nosotros. Es decir, la autoridad municipal tiene un documento que se llama escritura administrativa municipal, pero si yo quiero dar un pleito usando la justicia del Estado, ese documento no le sirve al fiscal o al juez, no me lo va a aceptar como un documento de su propiedad”, precisa.
Desde esta particularidad sobre la tierra, no existe ninguna forma en que el párroco pueda sostener o comprobar que esas tierras pertenecen a la Iglesia. En cambio, dice, la comunidad tiene un documento en el que se demuestra que adquirió la posesión administrativa del terreno a través de la cooperación de los integrantes de la misma comunidad.
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¿Colonización o despojo?
En Mazatlán Villa de Flores, apunta, 90% de la población aún habla su lengua materna. Entonces, detalla que no sólo se trata del terreno, sino de un proceso de colonización que aún no ha terminado, porque su espiritualidad permanece en su lengua, en su territorio, en sus tradiciones, en su comunalidad, en sus deidades y sitios sagrados.
“Al sol le llamamos padre en nuestra propia lengua materna, entonces si el sacerdote se entera de todo esto, si la Iglesia católica se entera, pues la agresión va a ser más fuerte, no ahora… Digamos, el tema del cobro de 500 pesos por cada servicio religioso como una misa, un difunto, una primera comunión, una confirmación, la gente no ha podido manifestarse, pero en algún momento eso va a estallar”, advierte.
Con la construcción de la parroquia del municipio en 1950, la Iglesia católica buscaba que la comunidad mazateca de Mazatlán Villa de Flores dejara de venerar a sus dioses Chjune’e (Diosa de la abundancia) y Chummajie’e (Dios de la agricultura).
En un principio, la parroquía de Villa de Flores se construyó en honor a San Cristóbal, relacionado con la agricultura, con la intención de que la comunidad mazateca dejara de venerar o que sustituyera a Chummajie’e.
Con la llegada de los sacerdotes dominicos, y después con los misioneros josefinos, se inculcó a los mazatecos que no deberían adorar a Chjune’e, sino a venerar a la Virgen del Rosario, es así que actualmente la iglesia de la comunidad está dedicada a esta virgen.
Hasta el año 1976, Mazatlán Villa de Flores fue un santuario para todas las comunidades mazatecas, y en el que se concentraban una gran cantidad de peregrinos católicos procedentes, principalmente, de los estados de Puebla y Veracruz, pero, sobre todo, asegura Margarita García, porque prevalecía la conciencia espiritual de las comunidades indígenas hacia la mujer o Diosa de la abundancia.
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Esto cambió cuando un obispo se estableció en Huautla de Jiménez, y la iglesia de Mazatlán Villa de Flores se convirtió en una parroquia.
“Poco a poco esta presencia de la Iglesia católica actual ha ido marginando esa espiritualidad propia de la comunidad”, resalta.
Pero asegura que no sólo les han quitado esa cosmovisión o mirada espiritual que todavía tienen como comunidad, sino que ahora también les están arrebatando estos espacios sagrados, “porque al final ese espacio es sagrado para la comunidad”.
Aunque el terreno ubicado a un costado de la parroquia, en primera instancia se adquirió para el descanso de los animales, la comunidad proyectó construir una casa comunitaria, como una forma de rendir tributo a Chjune’e, que dentro de la espiritualidad mazateca también es la deidad de la comunidad, dice Margarita García.
Quitan de su cargo a representante
Margarita García López informó que fue destituida ilegalmente de su cargo de representante comunitaria de Mazatlán Villa de Flores, luego de que denunció que el párroco de la iglesia pretende apropiarse de un terreno de la comunidad.
Por ello, presentó una denuncia en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la que explicó que el 17 de abril fue notificada de su remoción con un citatorio firmado por Reynalda Cid Castillo, quien se ostenta como la nueva representante comunitaria, nombrada por el presidente municipal Teófilo Marín.
“Fui despojada arbitrariamente por el presidente municipal, quien impuso a una persona ajena a la voluntad colectiva, violentando con ello no sólo los usos y costumbres de mi comunidad, sino también mis derechos político-electorales como mujer indígena”, dijo. El instituto le otorgó medidas de protección.