Detienen a apoderado legal de la empresa Tufesa tras accidente que dejó 7 muertos y 24 heridos en Sonora 

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora obtuvo la vinculación a proceso de Luis Fernando “N”, apoderado legal de la empresa Autotransportes Tufesa, por el delito de falsedad en informes proporcionados ante una autoridad distinta a la judicial, al haber aportado el nombre de un chofer que no se encontraba a bordo del autobús accidentado.

El 17 de octubre pasado, la unidad de autotransporte número 535 que salió de Culiacán, Sinaloa con destino a Nogales, Sonora, volcó aproximadamente a las 5:30 horas, en las inmediaciones del kilómetro 234, al sur de Hermosillo. El saldo fatal fue de siete personas sin vida y 24 lesionadas.

Elementos de seguridad y de la Fiscalía de Sonora estuvieron en el lugar e iniciaron la carpeta de investigación. En el lugar del accidente no se encontró al chofer o responsables de la unidad de transporte.

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En el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se encuentra la ficha de Luis Fernando "N", quien fue detenido el 11 de noviembre.

De acuerdo a la Fiscalía de Sonora, el representante legal de la empresa aportó el nombre de un chofer que no viajaba en el autobús accidentado.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentan la imputación, mismos que fueron valorados por el Juez, quien determinó vincularlo a proceso e imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

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La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Ciudad Obregón, en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Jalisco, colonia Centro.

Tras su aseguramiento, Luis Fernando “N”, de 48 años, fue trasladado e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, donde permanece a disposición del órgano jurisdiccional que conoce del caso.

La FGJE de Sonora reafirmó su compromiso de actuar con firmeza frente a conductas que vulneran la confianza pública y afectan a múltiples víctimas, garantizando la aplicación de la ley y el acceso a la justicia.

pjm/LL