Detectan 500 mdp en pagos indebidos a 700 trabajadores de la educación en Hidalgo; les daban el doble o triple de su salario

Pachuca.- Alrededor de 500 millones de pesos anuales fueron destinados en pagos indebidos a 700 trabajadores de la educación que mantenían doble o hasta triple salario dentro de administraciones municipales y de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), informó el contralor estatal, Álvaro Bardales.

El funcionario dio a conocer que se identificó una lista de 700 personas que cuentan con una plaza en la SEPH y que, al mismo tiempo, se integraron a alguna administración municipal como asambleístas, titulares del DIF o en otros cargos públicos. En varios casos, señaló, estos servidores públicos recibían dos o tres sueldos simultáneamente.

Indicó que, de esta manera, se erogaron 500 millones de pesos en un año “de manera engañosa”, debido a que estos pagos resultaron ilegales, pues los involucrados no solicitaron ante la Contraloría la carta de compatibilidad laboral que exige la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual prohíbe que un servidor público perciba múltiples salarios sin un dictamen que garantice que un empleo no interfiere con el otro.

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Bardales señaló que, en un intento de justificarse, algunas alcaldías alegaron desconocer este procedimiento; sin embargo, afirmó que ya fueron notificadas formalmente, por lo que “ya no existe ningún argumento” para mantener en nómina a estos funcionarios. Advirtió que los pagos deben suspenderse de inmediato, de lo contrario, las alcaldías serán acreedoras a sanciones.

Asimismo, informó que se identificaron cinco casos graves: tres titulares de los sistemas DIF y dos asambleístas que cobraban salarios superiores a los del gobernador, es decir, más de 66 mil pesos mensuales, además de lo que percibían en el sector educativo.

Aunque legalmente no se configura un fraude, el contralor subrayó que sí es ilegal, además de constituir un engaño, debido a que estos trabajadores “sabían perfectamente que no podían tener dos o tres salarios y aun así incurrieron en ello”.

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También indicó que algunos asambleístas aseguraron cumplir con sus funciones y que incluso solicitaron a sus compañeros que las sesiones de cabildo se realizaran en horarios que ellos pudieran atender, lo cual fue rechazado, ya que los demás regidores consideraron injusto modificar los tiempos sólo para beneficiar a quienes tenían doble plaza.

En otros casos se argumentó que las asambleas municipales se realizaban por la mañana; sin embargo, esto solo ocurrió una vez. Al verificar presencialmente, la Contraloría constató que no se realizaban sesiones en esos horarios, por lo que dichos argumentos quedaron descartados.

Bardales destacó que los 500 millones de pesos involucrados forman parte del presupuesto público, por lo que debieron destinarse a personas que realmente cumplieran con los requerimientos laborales.

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