Juxtlahuaca.— Lo que antes era migrar para trabajar en la cosecha del jitomate y la fresa, se convirtió en un desplazamiento sin retorno para 40 familias que forman parte de las 144 que hace cuatro años fueron expulsadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, por la violencia.
Ellas han vuelto a formar su hogar en San Quintín y Ensenada, del otro lado del país, en Baja California.
“Tuvimos que buscar el sustento familiar, para los hijos, y seguir adelante, pero mantenemos la esperanza de regresar a nuestros huertos de café”, lamenta Gerardo (quien pidió cambiar su nombre debido a las amenazas que ha recibido).
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Para él y su familia ha sido imposible retornar a su hogar, a sus tierras y, sobre todo, a su comunidad. Ahora viven en una casa sin servicios, en condiciones indignas.
Al igual que muchos de sus paisanos, Gerardo y su familia llevan varios años dedicándose al campo en San Quintín, Baja California, pero siembre regresaban a Tierra Blanca Copala, habitada por la nación triqui, donde tenían su casa y atendían el cultivo y cosecha del café, herencia de sus padres y sus abuelos.
“Veníamos a trabajar una temporada acá y luego regresamos a trabajar en lo propio, pero ahora eso ya no es posible. Los cultivos se quedaron en el total abandono, porque cuando llueve los cafetales se hacen monte y es imposible rescatarlo ahora”, lamenta.
El jornalero agradece que, como familia, al menos tienen un techo en San Quintín, el cual construyeron sus hijos con mucho trabajo. Antes tuvieron que pagar renta.
“Tuvimos que pagar renta, luz, agua; aunque estos aún los seguimos pagando. Son gastos que jamás habíamos hecho por tanto tiempo. Nos ha cambiado mucho nuestra vida por no tener un espacio propio, además de vivir todo el tiempo recordando y aún padeciendo de la violencia, de lo que nos pasó en nuestro pueblo”, explica.
La violencia
Antes de los hechos violentos en Tierra Blanca Copala, que causaron el desplazamiento forzado de más de 144 familias triquis a finales de 2020 y a principios de 2021, familias como las de Gerardo iban por temporadas a los campos agrícolas del norte de México y retornaban.
El 26 de diciembre de 2020 fue asesinado el poblador Andrés Martínez López, sus tres de sus hijos fueron atacados, a partir de ahí todo cambió. Las balas se hicieron presentes en el pueblo y la violencia los comenzó a perseguir hasta hoy, sin que haya justicia por parte del estado ni acciones que les garanticen sus derechos humanos.
Cuando un grupo armado atacó a balazos Tierra Blanca Copala, el primer refugio para Gerardo, su esposa y sus hijos fue con familiares en una comunidad cercana, luego se fueron al plantón en la Ciudad de México por unos meses y, finalmente, viajaron a San Quintín.
Lo que era un trabajo temporal como antes, se convirtió en permanente, sin retorno hasta ahora.
“Da mucha tristeza, pareciera que el Estado de Derecho no existe, los criminales siguen haciendo sus cosas y la justicia sigue sin llevarse a cabo, porque ya son cuatro años de que nos obligaron a huir de nuestro pueblo. Además han matado a nuestros hermanos”, denuncia Gerardo.
A falta del resguardo del estado, las familias han sido doblemente desplazadas de un lugar a otro, primero por la violencia, luego por falta de sustento.
“A lo que el Estado mexicano le está apostando, es al desgaste de los desplazados para exigir sus derechos, por lo que muchas familias han emigrado a otros lugares y a otros territorios”, dice uno de los integrantes de la mesa política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), quienes acompaña a las familias en su reconocimiento como víctimas de desplazamiento forzado.
Estado mexicano, omiso
Pese a que las 144 familias desplazadas de Tierra Blanca Copala cuentan con instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que las reconocen como víctimas de desplazamiento forzado, como la Recomendación 36/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además del amparo 597/2023 del Poder Judicial y la medida cautelar 279-22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano desde sus instituciones ha simulado la justicia y la reparación de daños a las víctimas, señalan las familias que participan en las mesas de trabajo.
Por ejemplo, en la recomendación 279/2022, la CNDH logró demostrar que existen violaciones a derechos humanos que el Estado mexicano cometió con las familias antes, durante y después del desplazamiento. Sin embargo, estos no han sido reparados.
El amparo del poder judicial lleva dos años desde que se implementó, el cual pide al Estado mexicano que retorne a las familias y se les dé el carácter de víctimas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal. Sin embargo, ante esta sentencia, lo primero que hizo el Estado mexicano fue apelar en no estar de acuerdo en esta resolución.
Apenas en noviembre pasado, el Poder Judicial volvió a confirmar la sentencia a favor de las familias desplazadas, para garantizar la seguridad en su retorno.
Las víctimas que participan en las mesas de trabajo han señalado que no ha habido ninguna continuidad, sólo se han citado para escuchar los pliegos petitorios de las organizaciones internas de la comunidad triqui baja, donde se sitúa el conflicto.
“El Estado no está haciendo nada para atender el proceso. Hay medidas dilatorias tanto del gobierno federal como del gobierno estatal.
“A cuatro años de aquel desplazamiento, el único rostro del Estado mexicano ha sido el de la simulación, la persecución política, la intimidación, la represión, la fabricación de carpetas de investigación, la discriminación, los engaños y la apuesta al desgaste. Si el gobierno mexicano no cumple con las medidas cautelares, entonces las víctimas tendrán que recurrir al caso de fondo ante la Corte Interamericana y continuar con la lucha social”, sentencia Horacio Santiago, integrante de la dirección política del MULTI.
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En tanto, Gerardo junto a su familia, al igual que otras 143, espera sin perder la esperanza de regresar a su comunidad, de donde huyeron de las balas disparadas por un grupo de personas que, hasta el momento, no han sido identificadas.
“Exhortamos al gobierno mexicano que actúe conforme a derecho como mexicanos y de un pueblo originario, y así podamos regresar a nuestro lugar”, añaden las familias desde distintos refugios.
Se trata de una exigencia no sólo del pueblo triqui. Según un informe de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), de octubre, de 2020 al mismo mes de 2023, en el territorio oaxaqueño se registraron 156 expedientes de queja y cuadernos de antecedentes, con un conteo de 5 mil 499 víctimas de desplazamiento forzado interno, la mayoría son de comunidades indígenas.