
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el 70 por ciento de los desplazados en Michoacán, se debe a violencia de género y no al crimen organizado.
“La movilidad forzada de personas es un fenómeno cuyas dimensiones no han sido abordadas en su totalidad, pero de la que se sabe que no termina a la hora de huir del lugar de origen, sino que para ciertos grupos sociales vulnerables como niñas, niños, mujeres o ancianos, empieza el sufrimiento”.
“Tenemos en Michoacán ya una determinación fuerte en este tema, una decisión de política, donde nos ha llevado a implementar visitas directas con los desplazados forzados de Michoacán en Tijuana”.
“De ellos se han obtenido diagnósticos de campo en esta ciudad fronteriza, a partir de equipos especializados del DIF, de la Comisión de Víctimas, de la Secretaría del Migrante, de Salud, de Bienestar”.
“Y hay un dato que nos debe llevar a una reflexión: no toda esta movilidad forzada se debe a la delincuencia organizada. El dato crudo que tenemos confirmado de Michoacán, es que el 70 por ciento de la movilidad forzada de Michoacán hacia este punto fronterizo es por violencia de género ”.
Esto fue dicho por el mandatario michoacano, durante el primer Foro Regional sobre Movilidad Humana.

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Movilidad humana forzada
Para la titular de la Secretaría de Atención al Migrante , Brenda Fraga , la movilidad humana forzada es debido a fenómenos meteorológicos, conflictos o persecuciones e incluso, recientemente por la pandemia de Covid-19.
Señaló que en los últimos siete años, este fenómeno de desplazamiento interno aumentó considerablemente por la inactividad del estado, la falta de políticas públicas en materia de seguridad, educación, vivienda, empleo y alimentación, así como por la corrupción, la impunidad y la falta de acceso a la justicia.
Fraga, tampoco mencionó que el dominio y asedio del crimen organizado en contra de la población hayan sido los detonantes de ese desplazamiento forzado.
Un primer diagnóstico fue levantado por la dependencia estatal, se limitó a los refugios humanitarios establecidos en Tijuana, a donde han llegado desplazados de esta entidad.
En ese censo, se estableció que en los refugios de Tijuana hay michoacanos desplazados de 40 municipios, donde el 13.2 por ciento es de Apatzingán, el 9 por ciento de Uruapan, el 7.6 por ciento de Aguililla, el 6.3 de Morelia y un porcentaje similar de Múgica.
El documento indica que hay 89 familias refugiadas en Tijuana y que la mayoría de personas desplazadas tienen edades que oscilan entre los 20 y 39 años.
Señala que la mayoría de las personas desplazadas que entrevistaron para el diagnóstico son mujeres (71 por ciento) y el resto hombres (29 por ciento).
En la presentación digital, se establece que el 88 por ciento abandonaron su lugar de residencia por el riesgo de perder su vida o integridad, así como por el despojo de tierras y la inseguridad de su localidad.

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No me desplacé por violencia de género, fue por los cárteles
Una madre de familia que radica en la zona fronteriza del país y que tuvo que huir de su pueblo en el municipio de Coalcomán, contradijo al gobernador michoacano.
Brianda Valencia, dijo a EL UNIVERSAL , que abandonó su hogar con sus hijos, esposo, hermanos y padres , debido al asedio del crimen organizado en su comunidad.
Recordó que tomaron la decisión de huir de Michoacán y dejar su patrimonio, cuando un grupo criminal llegó a su casa y los amenazó de muerte con fusil en mano.
Relató que los criminales se apoderaron de su comunidad para convertirla en un centro de operaciones, por lo que asesinaron a personas y a otras las obligaron a huir.

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Afirmó que hay decenas de familias de distintos municipios, que huyeron por esas circunstancias o porque sus pueblos quedaron en medio de la guerra entre cárteles.
Mencionó que las víctimas no solamente están refugiadas en Tijuana, sino también en otras partes del estado o del país.
Cuestionada sobre el tema, Brianda Valencia desestimó el diagnóstico oficial del desplazamiento forzado de michoacanos y michoacanos.
Y, aseguró, que la mayoría de los desplazamientos forzados son por la violencia generada por organizaciones criminales y no por violencia de género.
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