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Guadalajara.— El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus (MC), ordenó ayer la intervención de las corporaciones policiacas de los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo para que la Secretaría de Seguridad Pública del estado tome el control.
Lo anterior, por la desaparición de ocho policías de Teocaltiche y un civil la tarde del martes, y la localización —pocas hora después— de varios cuerpos mutilados en la carretera que conecta con Villa Hidalgo, municipio en el que recientemente fueron privados de la libertad el alcalde, su hijo y, posteriormente, su esposa. Todos fueron liberados.
La hipótesis de que las comisarías de ambos municipios están infiltradas por el crimen organizado provocó que el gobernador ordenara intervenir las corporaciones locales.
“Todo está ligado, todo está encadenado, es una liga de hechos que se dan, que pasan, muy probablemente, por la infiltración de la policía municipal de Villa Hidalgo y también la de Teocaltiche en defensa de un grupo criminal”, señaló el gobernador Lemus.
Desaparecen policías
La tarde del martes se reportó la desaparición de ocho policías de Teocaltiche y el chofer que los trasladaba a Guadalajara para renovar sus exámenes de control y confianza.
La fiscalía del estado, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisaría de Teocaltiche desplegaron entonces un operativo para localizar a los agentes.
Durante la búsqueda se encontró la camioneta en la que viajaban y más tarde, alrededor de las 3:30 de la mañana de este miércoles, sobre la carretera que lleva a Villa Hidalgo, a la altura del poblado La Esperanza, se localizaron 12 bolsas con cuerpos mutilados que, de acuerdo con el gobernador Lemus, podrían ser de cuatro de los desaparecidos.
Hasta la noche de ayer no se había informado sobre la identidad de los cuerpos encontrados.
“Aún no están confirmados ni identificados, pero todo parece indicar que se trata de ellos”, dijo el mandatario, quien señaló que se esperaba localizar al resto con vida.
Junto a las bolsas con los cuerpos también se localizó un mensaje que vinculaba a las víctimas con un sujeto llamado Mario González, presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Teocaltiche.
Ese personaje también se mencionó en el caso de la privación de la libertad de la familia del alcalde de Villa Hidalgo, Jaime Cruz, ocurrido durante los primeros días de febrero en Aguascalientes.
Versiones extraoficiales indican que el edil y su hijo presuntamente tendrían negocios con Mario González, y los secuestros tendrían que ver con eso.
Medidas duras
El mandatario señaló que ante todos estos sucesos decidió, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ordenar el desarme de todos los policías de ambos municipios para investigar a los elementos, mientras tanto la Policía Estatal se encargará de la seguridad en ambos territorios.
“Tenemos que tomar medidas duras, que verdaderamente lancen un mensaje de que como estado no nos van a doblegar nunca los grupos criminales (…) es muy probable que las dos policías municipales estén infiltradas en defensa de un grupo criminal”, afirmó Lemus.
El gobernador cuestionó por qué los ocho elementos desaparecidos fueron enviados todos juntos a Guadalajara y en un mismo vehículo.
“Es como ponerle a un ladrón todas tus cosas de valor en un mismo sitio, y pues evidentemente hubo una filtración de información sobre de dónde habían salido y cuál era la ruta que habían tomado”, expuso.
A través de redes sociales circuló un video en el que dos hombres, evidentemente torturados, se identifican como policías de Teocaltiche y afirman que, en contubernio con un grupo delictivo, el Ejército los entrenó para fabricar explosivos que se colocan en drones.
Agregaron que los delincuentes los obligan a ir por delante en los enfrentamientos con otros grupos criminales para evitar bajas.
Cuestionado al respecto, Lemus sólo confirmó que se trata de dos de los policías desaparecidos.
Esta es la tercera administración estatal que interviene a la policía municipal de Teocaltiche tras recibir información de la infiltración de grupos delictivos en la corporación. La primera ocasión fue en enero de 2017, con el entonces gobernador Aristóteles Sandoval; la segunda fue en octubre de 2020, en el gobierno de Enrique Alfaro.
