Denuncian a exediles y exfuncionarios de Núñez

Villahermosa.— El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) ocho demandas contra exalcaldes y exfuncionarios de Arturo Núñez Jiménez por la cuenta pública de 2017.

Además, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) abrió 70 expedientes por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero, en lo que se incluye exservidores públicos y particulares.

En 15 días se conocerán los nombres y empresas involucradas.

De acuerdo con declaraciones del titular de la FGE, Jaime Lastra Bastar, los delitos que se persiguen en las ocho carpetas de investigación que se abrieron son desvío de recursos públicos, peculado y uso indebido del servicio público en el ejercicio de 2017.

Las denuncias fueron presentadas por Alejandro Álvarez González, el fiscal auditor.

“Esta semana acaba de presentarnos cinco denuncias y hace unos días otras tres o cuatro. Todas se están trabajando como corresponde al inicio de una investigación, acreditando una serie de documentos que presenta el fiscal y que hay que revisarlos”, indicó.

Los dictámenes que fueron discutidos por el Congreso local revelaron que los 17 ayuntamientos no pudieron solventar 269 millones de pesos, y los tres Poderes y organismos autónomos del estado sumaron 60 millones de pesos en observaciones que quedaron firmes, para un monto general de 329 millones de pesos, por los que tienen que responder varios exfuncionarios.

Aunque no se quisieron revelar detalles de los nombres, se sabe que los dos exediles que más recursos habrían desviado son el de Cárdenas, Rafael Acosta León, con un monto sin solventar de 68 millones 460 mil pesos, y el de Macuspana, José Eduardo Rovirosa Ramírez, con 36 millones 198 mil pesos.

El titular del OSF, Alejandro Álvarez, informó que ya se iniciaron las investigaciones por la vía penal. Todo indica que estas indagatorias podrían alcanzar al exgobernador perredista Arturo Núñez, debido a que el actual mandatario, Adán Augusto López Hernández, refirió que tiene conocimiento de que hay demandas en el ámbito federal contra quienes encabezaron la pasada administración estatal.

“No puedo yo hablar de ellos, porque violentaría en todo caso el debido proceso. Pero sí puedo decirles que entiendo que hay denuncias presentadas en el ámbito federal, en el ámbito estatal”, apuntó.

El 31 de agosto próximo, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado entregará al Congreso de Tabasco los informes correspondientes a la cuenta pública 2018, el año más cuestionado del gobierno nuñista y en la que se realizaron 125 auditorías a los tres Poderes del estado y a los 17 ayuntamientos.