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Familiares de las personas detenidas la noche del sábado pasado tras los ataques al palacio de Gobierno y el Congreso de Jalisco realizados durante una de las manifestaciones de la “Generación Z” denuncian detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
El sábado por la tarde (día de gran afluencia en el centro tapatío) las autoridades permitieron que los encapuchados que se congregaron en la Plaza de Armas con sogas y herramientas actuaran prácticamente sin contención durante tres horas hasta que con sogas y mobiliario público que desmontaron lograron derribar y quemar las puertas de los recintos.
Después, los policías contestaron con gases y agua para comenzar a replegar a los manifestantes y comenzaron las persecuciones, los arrestos y las golpizas.
“Mi hijo fue con una amiga al centro a bobear y estaban por Catedral cuando vieron cómo los policías estaban incluso molestando a personas mayores y se acercaron, reclamaron y se hicieron de palabras con algunos policías, así que mejor se fueron; cuando ya se retiraban, adentro del vagón del tren ligero, vieron llegar a muchos policías y a ellos los jalaron del cabello para bajarlos y comenzaron a golpearlos”, relata la madre de uno de los detenidos, quien prefiere no dar nombres por cómo se está desenvolviendo la situación.
Los familiares de los detenidos que se enteraron de lo ocurrido a través de terceros acudieron la noche del sábado a las instalaciones de la Fiscalía para averiguar lo que ocurría y se les permitió verlos hasta el domingo en los locutorios.
Por su parte, las autoridades estatales informaron que 47 personas fueron detenidas por lo ocurrido, que algunos de ellos provenían de la Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán, y que se les decomisaron botes con gasolina, thinner, bombas molotov, petardos, barras metálicas, gas lacrimógeno y hasta un arma.
Entre los detenidos está Ángel Yael Andrade Hernádez, a quien se le acusa por “daños a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”, su detención fue grabada por el diario El Occidental, y circula en redes sociales, pues caminaba con su esposa y su bebé por el centro tapatío cuando se dio la persecución policiaca y al percatarse de que había gas lacrimógeno en el aire decidió quitarse la playera para cubrir a su hija, pero al verlo los policías afirmaron que era uno de los agresores.
“No sabíamos lo que estaba pasando, veníamos de compras, él se quitó la camisa para proteger a la niña y se lo llevaron los policías”, relató consternada su esposa en el video.
Los relatos de otros de los familiares detenidos son similares: sus hijos e hijas salían de su trabajo o paseaban por el centro cuando fueron capturados por los policías, quienes los concentraron en el interior del palacio de gobierno, amenazaron a unos y golpearon a otros.
El domingo, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que puso a disposición del Ministerio Público a 35 hombres adultos y cinco mujeres adultas, además de cuatro personas menores de edad.
Lee también FOTOS: Así fue el traslado de los detenidos durante la marcha Generación Z al Reclusorio Norte
Indicó que tres de los detenidos cuentan con antecedentes penales por delitos cometidos contra representantes de la autoridad, lesiones y lesiones calificadas.
“Será luego del análisis de esta Representación Social que se determinará qué delitos se podría imputar a las personas detenidas, por ejemplo, lesiones, resistencia de particulares, delitos cometidos contra representantes de la autoridad o daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”, señaló la dependencia.
En tanto, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo señaló que tras recabar testimonios y analizar videos se advierten detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y posibles actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violación al debido proceso.
Además, la organización indicó que lo ocurrido evidencia “la ausencia de protocolos de uso de la fuerza y actuación en contextos de movilización o protesta social”, por parte de las corporaciones policiacas de Jalisco.
La audiencia para determinar la situación legal de los detenidos está programada para este martes.
afcl/LL
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