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La Paz.- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, Charlene Ramos Hernández, acusó que las instalaciones se encuentran “secuestradas” por un grupo de “ex trabajadores”.
El conflicto que inició con un paro laboral y cumple ya una semana en las oficinas de la sede en La Paz, se mantiene y al no lograr una resolución, la comisionada ratificó que este acto es ilegal e informó que se encuentran en una oficina alterna para atender a la ciudadanía.
“A pesar de la toma ilegal de las instalaciones continuamos brindando atención a la ciudadanía y el trabajo se ha cumplido, incluso hemos realizado el pago de nómina puntual a los trabajadores, conforme a derecho”, declaró.
En entrevista, la comisionada refirió que tuvieron que buscar una sede provisional alterna para atender a la ciudadanía, misma que se encuentra en la sala audiovisual de la Escuela de Música del estado, en esta capital.
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Denuncian a extrabajadores
Además, indicó que se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) por la toma de las instalaciones de este organismo autónomo.
Remarcó que desde hace una semana, cinco personas, entre personal activo y extrabajadores colocaron banderas rojinegras e impidieron el acceso a la institución, alegando supuestos actos de hostigamiento de su parte.
La presidenta rechazó las acusaciones e insistió en que el acto es ilegal en principio por que no está respaldado por la mayoría de trabajadores, además, recalcó que en todo momento buscó el diálogo con ellos y no fue posible.
Ramos Hernández manifestó que las autoridades deberán darle cauce a las investigaciones y deslindar responsabilidades.
“Aunque secuestren nuestras instituciones jamás apagarán nuestro espíritu de servicio”, dijo.
Piden juicio político contra presidenta
La semana pasada un grupo de trabajadores acusaron a la presidenta de despidos injustificados, fuera de procedimiento, así como de actos de hostigamiento, violencia verbal, psicológica, amenazas, incluso de la colocación de cámaras de videovigilancia invasivas de su privacidad en las oficinas de la institución.
Indicaron que muchas de estas supuestas prácticas en su contra, habrían estado relacionadas con una investigación hacia la presidenta ante el órgano interno de control, por la detección de presuntos gastos sin comprobar.
El conflicto en la CEDH ya llegó al Congreso del estado, pues los trabajadores que se manifiestan en la sede de la institución confirmaron que ingresaron una solicitud de juicio político en contra de la comisionada y advirtieron que la única solución es su destitución.
afcl
