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Culiacán, Sinaloa 10 de Enero.- En forma unánime, los diputados de las seis fracciones parlamentarias del la LXV Legislatura local, aprobaron el decreto que autoriza al gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, contratar un crédito por dos mil 300 millones de pesos para la ejecución de 36 obras prioritarias para los 20 municipios.
A sólo dos días de que el ejecutivo estatal, Rocha Moya, en la presentación del Plan de Reactivación Económica dio a conocer que solicitaría al Poder Legislativo para contratar deuda pública para cubrir las inversiones proyectadas, los diputados avalaron con sus votos la petición.
Previo a la votación en la sesión extraordinaria de la plenaria de este decreto, los miembros de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, realizaron reasignaciones a las inversiones proyectadas por el ejecutivo estatal, en cuanto al uso del préstamo que va a contratar a largo plazo.
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Los miembros de dicha comisión en las reasignaciones realizadas en los proyectos de obras públicas en el municipio de Ahome, contemplaron apoyar obras de agua potable, energía eléctrica, drenaje y bacheo.
En el decreto aprobado por unanimidad, se faculta al ejecutivo estatal contratar de manera directa con cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado.
Rocha Moya, podrá recurrir a uno o varios créditos hasta por un monto total de los dos mil 300 millones de pesos, recursos que serán canalizados en la ejecución de treinta y seis obras programadas en los veinte municipios del estado.
El miércoles pasado, durante la presentación del Plan de Reactivación Económica, en el salón Constituyentes del Congreso del Estado, el gobernador comentó que dado que su administración tiene que cubrir un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria por dos mil 200 millones de pesos, su administración tendrá problemas.
Recordó que este adeudo se derivó de una herencia que le dejó la anterior administración estatal, la cual fue castigada por el SAT, a través de un juicio, por realizar auditorias irregulares, por lo que le fijó sanciones al gobierno de Sinaloa.
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