
Guanajuato, Gto.- El Congreso de Guanajuato rechazó las iniciativas de reforma a la Constitución Local con las que se pretendía eliminar que persona es todo ser humano desde la concepción hasta su muerte natural, reconocer “la autonomía reproductiva” y por un empate en el voto de los legisladores dejó pendiente el dictamen con el que se pretende la despenalización del aborto en el estado.
La iniciativa de reforma al Código Penal para avanzar o no hacia el aborto legal (Morena) se atoró debido a que 18 diputados sobre todo panistas votaron en contra 18 a favor.
La presidenta del Congreso, Miriam Reyes Carmona, señaló que el dictamen se someterá a votación en la siguiente sesión.
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En la sesión de este jueves, además ordena el archivo de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato que buscaba establecer como obligación del Estado la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como de interrupción legal del embarazo.
Feministas y Providas inundan el Congreso
Los gritos de colectivos antagónicos a favor y en contra de la despenalización del aborto resonaron dentro y fuera del Congreso Local durante el debate y votación de las iniciativas sobre el derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural.
“¡En Guanajuato, violada, embarazada, encarcelada, gracias al PAN!", repudiaron colectivos feministas en lonas que instalaron dentro del recinto legislativo. “¡Despenalización del aborto ya!”, exigieron sin éxito.
Cientos de integrantes del movimiento Provida procedentes de diversos municipios se pusieron de rodillas con rosarios en las manos para pedir a Dios por la vida de los no nacidos. “El aborto es asesinato”, expusieron.
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En la primera parte de la sesión, se votaron en contra tres iniciativas en las que se proponía eliminar del artículo 1 de la Constitución local el párrafo que establece “que para los efectos de la Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”.
El diputado panista Juan Carlos Romero Hicks argumentó que documentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano respetan la vida y tienen la encomienda de proteger los derechos humanos que, bajo un criterio de progresividad, el compromiso radica en proteger la vida de toda persona, nacida o no nacida sin excepciones.
Dijo que todo acto de autoridad debe estar encaminado a beneficiar a las personas, a procurar los valores de bien común, justicia y velar por su seguridad jurídica y que el inicio de la vida no depende de la adhesión de un tribunal.
En contra, la legisladora morenista María Eugenia García Oliveros enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó claro que el aborto es parte de la libertad reproductiva y compete a las mujeres y personas gestantes tomar la decisión de la interrupción del embarazo en condiciones libres e informadas.
La interrupción legal del embarazo debe enmarcarse en los derechos sexuales y reproductivos, que son parte de los derechos humanos y que garantizan que todas y todos puedan ejercer su sexualidad con libertad y sin violencia, dijo.
La diputada de Morena aseveró que el derecho penal no puede utilizarse para castigar las decisiones reproductivas de las mujeres ni es una vía idónea para proteger la vida prenatal.
Dijo que la privación del acceso a la atención del aborto constituye una violación de derechos fundamentales. Dijo a sus iguales que no son sensores morales sino representantes que tienen el deber de promover el bienestar de la sociedad y proteger los derechos fundamentales sin imponer una moralidad específica.
El legislador Aldo Iván Márquez Becerra, presidente estatal del PAN, acotó que el derecho no debe estar al servicio del más fuerte, sino del más necesitado de protección.
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“El ser en desarrollo merece una consideración especial a partir del mandato de protección reforzada que emana de los principios pro persona y de interés superior del más vulnerable, y que, aceptar que el derecho deba permanecer neutral o ausente frente a la vida prenatal no es simplemente una omisión normativa sino una renuncia a las exigencias más profundas de la justicia”.
Investigan a 73 mujeres por abortar
La congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, dijo que el otorgar el estatus de persona al embrión o feto genera medidas restrictivas de derecho a las mujeres y personas gestantes, donde al no haber modificaciones en la Constitución local, se está en contra de los preceptos de derecho emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pedroza Orozco aseveró que mientras no se logre la despenalización desde el Código Penal, las mujeres seguirán siendo denunciadas y sometidas a procesos judiciales para determinar si su aborto se realizó en condiciones legales, toda vez que existen 17 carpetas de investigación en contra de mujeres por presuntamente haber provocado su propio aborto, asimismo que la tasa de embarazos en mujeres de 10 y 17 años se incrementó un 29.4%.
A su vez, el diputado Ernesto Millán Soberanes, se manifestó en contra de la criminalización de las mujeres, tomando en cuenta que en la entidad se tiene el registro de 73 carpetas de investigación abiertas por aborto en la fiscalía estatal.
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Instrumentos internacionales en materia de derechos fundamentales de las mujeres dejan ver que la tipificación del aborto como delito y la falta de atención posterior al procedimiento se considera una violencia en razón de género, por lo que Guanajuato se encuentra con normativas arcaicas y con apego a la violación de derechos humanos, remató.
El diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, dijo que la ciencia no se ha puesto de acuerdo en una respuesta sobre el inicio de la vida y que se está confundiendo biología con la integralidad del ser humano. Agregó, que muchas personas con creencias cristianas se han manifestado a favor de no criminalizar a las mujeres por abortar.
Resaltó que las entidades federativas no pueden pretextar la existencia de cláusulas de protección a la vida desde la concepción para negar a las personas toda clase de servicio relacionados con la salud sexual y reproductiva.
El pleno legislativo, también ordenó el archivo definitivo de la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, que proponía reconocer la autonomía reproductiva como uno de los principios de la ley.
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La diputada Susana Bermúdez Cano dijo que el aborto no debe ser considerado como un componente esencial de los derechos reproductivos, defender los derechos reproductivos sin promover el aborto si es posible al ser el camino más humano y responsable.
Dijo que ese derecho debe prevalecer en la incidencia de las políticas públicas que garanticen el acceso a una vida libre de violencia, promuevan su desarrollo integral y plena participación en todos los ámbitos de la vida.
En contraste, la diputada Maribel Aguilar González mencionó que el Congreso tenía frente a sí la posibilidad histórica de romper con décadas de injusticia, de discriminación y de violencia institucional hacia las mujeres.
“El aborto existe, con o sin leyes que lo penalicen”, dijo. Lo que cambia es si se hace en condiciones seguras o en clandestinidad, agregó.
Este jueves, también por mayoría de votos se aprobó, el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de dos iniciativas con las que se pretendía establecer como obligación del Estado la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como de interrupción legal del embarazo.
Como autora del dictamen, la diputada Noemí Márquez Márquez destacó la responsabilidad de defender la vida como el derecho más fundamental de las personas. “La vida humana comienza con la concepción”.
Dijo que el aborto no es un acto sin consecuencias, toda vez que estudios médicos muestran que las mujeres que abortan pueden enfrentar riesgos físicos y emocionales, por lo que es fundamental que como sociedad y autoridades fortalezcan las políticas de prevención, atención y acompañamiento, garantizando el derecho a la salud y la vida tanto para las mujeres como para sus hijas e hijos por nacer.

En contraparte, su igual Antonio Chaurand manifestó que defender la vida iba más allá de un discurso moral o ideológico, implicaba garantizar condiciones reales de dignidad, libertad y salud para todas las personas, especialmente las mujeres.
Apuntó que, estar a favor de la vida también es estar a favor de que ninguna mujer muera por abortar en clandestinidad, de que ninguna niña sea obligada a ser madre y de que todas tengan acceso a servicios de salud dignos sin ser juzgadas ni perseguidas.
Despenalizar el aborto no aumenta la incidencia de este, solo hace que las cifras sean reales, y que estar a favor del derecho a decidir no significa estar en contra de la vida; por el contrario, significaba estar a favor de que las mujeres vivan con dignidad, con libertad y con pleno ejercicio de sus derechos humanos.

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