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Cancún.— El Comité Ciudadano de Bacalar se declaró inconforme con la explicación otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en torno a la casa de descanso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construye para “militares estresados” frente a la Laguna de los Siete Colores en ese municipio.
Tampoco satisfizo al comité ciudadano el anuncio de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) vigilará la aplicación de lo establecido en el resolutivo de autorización ambiental a las obras de remodelación, por lo cual se demandó hacer públicas las medidas de compensación que deberá aplicar la Sedena por los daños ambientales provocados.
“Con base en fundamentos legales, expresamos nuestro descontento por las omisiones en leyes y reglamentos que las instituciones todavía no han esclarecido. Entre los efectos [de las obras] se encuentran el dragado, el relleno, el uso excesivo de maquinaria, la alteración de la morfología del cuerpo lagunar, cambios en el entorno, la falta de transparencia en los permisos otorgados por Semarnat y una inexplicable exención de MIA”, indicó el Comité.
El grupo ciudadano subrayó que luego de 15 días de actividades legales, donde se interpusieron denuncias ante la Profepa en contra de la Sedena, el plantón realizado al pie de las obras, además de la recolección de 6 mil 300 firmas ciudadanas en rechazo a los trabajos y contra “aquellos que confunden la justicia con la justificación”, la inconformidad persiste de forma “firme y activa”, debido a la falta de transparencia mostrada por el gobierno federal.
El pasado 1 de abril, la Semarnat informó que el 27 de marzo notificó a la Sedena la resolución al trámite denominado “Exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental” (MIA) para realizar el mantenimiento y sustitución de diferentes componentes a un inmueble localizado frente a la Laguna de Bacalar y el Fuerte San Felipe.
La finalidad de las obras —no consultadas, ni comunicadas a la población— es brindar seguridad e integrar componentes más sustentables y adecuados al espacio, indicó la dependencia ambiental.
Dicho inmueble fue construido desde 1983 en un predio cedido a la Sedena por el gobierno de Quintana Roo y presentaba desgastes y daños estructurales, por lo que la dependencia castrense solicitó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) se le exentara de presentar el trámite de evaluación de impacto ambiental para realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento.
