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Cientos de familiares de personas desaparecidas se manifestaron este domingo en más de 35 ciudades de 29 estados del país para exigir a las autoridades avances en las investigaciones de búsqueda y en la identificación de cuerpos, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
En este marco, la organización Amnistía Internacional indicó que México registra 132 mil 844 personas desaparecidas y no localizadas, más de 72 mil cuerpos permanecen sin identificar en las morgues y, desde 2010, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas.
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Las marchas
La movilización más grande tuvo lugar en la Ciudad de México, donde contingentes de varias partes del país marcharon por Paseo de la Reforma, como parte de la jornada Hagámosles Visibles 2026, la cual contempla 12 horas de actividades para visibilizar la desaparición en México y para exigir a las autoridades que se implementen acciones para atender la crisis.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Victoria Rosales, quien busca a su hija Nadia Rosales, desaparecida en Puebla en 2017, denunció que las desapariciones van cada día en aumento en todo el país.
Señaló que el actuar de las autoridades ante la crisis ha sido insuficiente y lamentó que “la Presidenta ponga tantos peros para aceptar que hay desapariciones. Ha habido muy pocos avances, porque sigue sin reconocerse el problema”.
Afirmó que las autoridades y las instituciones deben estrechar esfuerzos con las madres y personas buscadoras, así como también con expertos en la materia para atender de manera integral la desaparición forzada.
Exigen avances
Ese fue un llamado constante a lo largo y ancho del país.
“Sólo pedimos lo que a otros les dan en automático: que se investigue, que se nos escuche, que se busque a nuestros desaparecidos. Si tanto investigan a otras lonas por temas políticos, que investiguen esta, que es por amor y por justicia”, expresaron en La Paz, Baja California Sur, integrantes del colectivo Búsquedas por La Paz.
En Reynosa, Tamaulipas, Cynthia Medina, quien desde septiembre de 2024 busca a su hermana y su cuñado, expresó su frustración ante el nulo avance de su caso.
“Estamos hasta la madre por no recibir respuesta, perdonen las palabras, pero nadie nos recibe, nos cierran la puerta, nadie entiende nuestro dolor y nadie quisiera estar de este lado”, dijo.
También reclamaron que cientos de cuerpos que han sido localizados siguen sin ser identificados.
Celia Salinas, integrante del colectivo Regresando a Casa Morelos, denunció que en esa entidad hay alrededor de 400 cuerpos exhumados de fosas comunes que permanecen acumulados sin proceso de identificación ni restitución familiar.
“No entendemos por qué tienen que pasar meses para obtener respuestas sobre restos que ya fueron recuperados. Cada cuerpo y cada resto humano sin identificar puede ser la persona que una madre, una hija, una hermana, un padre, una familia lleva años buscando”, denunciaron las madres buscadoras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Las familias también señalaron que las desapariciones no paran pese a los años que llevan denunciando esta crisis. “El gobierno no ha actuado, no ha hecho absolutamente nada. Todos los días siguen desapareciendo niños, jóvenes y madres. No están respetando edad, sexo ni género. Todos los días están desapareciendo a nuestros familiares”, denunció Gabriela, quien busca a su hijo Alejandro Trujillo, desaparecido en Mazatlán, Sinaloa, en 2024, y estuvo este domingo en la protesta de la Ciudad de México.
“Basta de solapar la impunidad”, se leía en una gigantesca manta que llevaban los manifestantes en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En otra manta el mensaje era el siguiente: “Yo no busco a culpables, busco a mi hijo”.
En Guadalajara, Jalisco, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, recordó que la búsqueda y exigencia de justicia no es sólo para encontrar a los ausentes, sino para evitar que otros desaparezcan: “la lucha es por todos, no sólo por quienes ya no están, ojalá nos puedan acuerpar”.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que puntualizó que no toda desaparición constituye una desaparición forzada ni puede atribuirse de manera general al Estado, pues esa clasificación exige analizar las circunstancias particulares y determinar la posible intervención, autorización o aquiescencia de agentes públicos.
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