Zacatecas.— Los procesos penales de Rubén Ibarra Reyes, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), así como Jenny “N”, líder sindical del SPAUAZ, “han salpicado y manchado al Poder Judicial (local) y ocurren en muy mal momento, en medio de la reforma judicial y previo a la elección, porque con esos dos asuntos universitarios se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política”, reconoce el magistrado local Arturo Nahle García.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el magistrado considera que “el asunto del rector es eminentemente jurisdiccional que se ha politizado tremendamente, mientras que, en el caso de Jenny, pareciera que es un asunto estrictamente político que lo están judicializando..
“No somos nosotros, no es el Poder Judicial el que está politizando un asunto judicial o el que está judicializando un asunto político, son otros los que han provocado eso, pero, de que nos pega, nos pega”.
Carlos Villegas, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, también admite que estos casos “han afectado la reputación del Poder Judicial”, por estar procesadas dos figuras públicas que “han generado mucha especulación, en medio de una campaña de desprestigio que hay a nivel nacional”.
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Dice que hay 107 jueces, de los cuales, 36 son candidatos que van a elección e insiste que este poder siempre se ha mantenido al margen de cuestiones mediáticas y políticas.
Arturo Nahle dice que estos casos universitarios les deja “una extraordinaria oportunidad para que las personas juzgadoras hagamos valer la autonomía y la independencia del Poder Judicial que está en grave riesgo de perderse con la reforma judicial, porque pareciera que ese es el propósito de tener jueces a modo, a los que les digan cómo resolver desde Palacio de Gobierno o sabrá Dios desde dónde (…) Esto que nos está ocurriendo podría ser una probadita de lo que pudiera ocurrir con la reforma”.
Jueces cuestionados
Los jueces que se colocaron en la mira son Alfredo Sánchez y Esmeralda Castro, quienes llevaron los procesos penales del exrector y de la dirigente sindical, respectivamente.
El caso del exrector ha generado gran indignación social, ya que fue detenido el 9 de mayo por estar acusado de violación equiparada agravada en contra de una niña, pero más enojo causó que en la audiencia inicial no se le vinculara a proceso por dicho delito, sino por el de abuso sexual, luego que la defensa ofreció pruebas testimoniales y periciales que se desahogaron en 20 horas continuas. Al concluir, el juez resolvió no vincularlo, al argumentar que no había pruebas suficientes que acreditaran la violación.
La fiscalía zacatecana generó una confusión al informar en un comunicado que se vinculó por abuso sexual agravado, por “la reclasificación” que realizó el juzgador; sin embargo, el magistrado Carlos Villegas salió a desmentir y aseguró que la carpeta de investigación era por dos delitos, pero al no encontrar pruebas sobre la violación, sólo se vinculó por el segundo delito.
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Como en Zacatecas el abuso sexual no está tipificado como grave, Ibarra se acogió a un proceso abreviado en el que fue condenado a cuatro años de prisión y le aplicaron todos los beneficios jurídicos como la reducción de la pena mínima, por haber confesado su delito. Es decir, de seis bajó a cuatro años y salió al pagar una fianza.
En el caso de Jenny “N”, dirigente sindical del SPAUAZ, sí se vinculó a proceso por el delito de administración fraudulenta al realizar la compra de un inmueble para el sindicato sin pedir permiso a sus agremiados.
La duda en la actuación de la jueza Castro ha recaído, porque la imputada interpuso una recusación al detectar y demostrar con actas de nacimiento que la jueza tiene relación familiar directa con una de las integrantes de la parte que la demandó, por ende, habría conflicto de interés y al haber parcialidad solicitó la nulidad de ese acto.
El presidente del Poder Judicial dice que se le asignaría un nuevo juez, pero “la nulidad del acto no procedería y se continuaría con el juicio”.
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cr
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