Guadalajara.— Dos policías de San Cristóbal de la Barranca y una mujer fueron detenidos la tarde del lunes por elementos de la Comisaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad de Jalisco cuando intentaban llevarse a un par de jóvenes originarios de Michoacán para reclutarlos y obligarlos a trabajar en un grupo delictivo.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los dos jóvenes (uno de ellos menor de edad) llegaron a la Central Camionera de Tlaquepaque tras ser contactados a través de Facebook para ofrecerles un empleo en Jalisco con salario de 5 mil pesos semanales.
Ambos tenían la instrucción de que al llegar a la terminal de autobuses serían contactados por una mujer que se encargaría de organizar su traslado a San Cristóbal de la Barranca.
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Ya en la central, los jóvenes comenzaron a desconfiar de la mujer que los esperaba, pues les dio instrucciones de subirse a una patrulla rotulada con el número SC-04; uno de los jóvenes hizo señas y pidió ayuda de los policías estatales que vigilan la zona.
Los agentes comenzaron a cuestionar a la mujer sobre los detalles del supuesto trabajo que desempeñarían los recién llegados y empezó a caer en contradicciones, hasta que admitió haber recibido dinero para contactar y entregar a los dos jóvenes a los policías de San Cristóbal.
Al darse cuenta de la situación, los agentes estatales resguardaron a los jóvenes y detuvieron a la mujer identificada como Monserrat “N” y a los dos policías municipales, de nombre Ernesto “N” y Marvin “N”.
Sobre este caso, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que hay dos líneas de investigación, pues los policías municipales argumentaron que las personas a las que trasladarían son en realidad parientes de la alcaldesa de San Cristóbal de la Barranca.
“Pero la mayor posibilidad tendría que ver con que estos jóvenes eran trasladados para la posibilidad de ser reclutados, y eso es lo que se está investigando”, dijo el mandatario.
Al mediodía de este martes, siete de los 10 detenidos el 18 de septiembre de 2024 en el rancho Izaguirre y un presunto reclutador ligado a este grupo, fueron vinculados a un nuevo proceso penal por el delito de desaparición cometida por particulares.
Tras ser señalados por una nueva víctima, el juez que lleva esta nueva causa penal determinó vincularlos a proceso y estableció como medida cautelar un año de prisión preventiva para los ocho.