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El movimiento de resistencia civil pacífica comenzó en 1995, en protesta por los altos costos de la energía eléctrica y fue liderado por Andrés Manuel López Obrador, quien recién había perdido la gubernatura como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el priista Roberto Madrazo Pintado.
Inicialmente sólo se unieron militantes del PRD, pero con el tiempo se sumaron ciudadanos de otros partidos, incluso hasta empresarios, debido a las altas tarifas de energía eléctrica de la CFE.
El movimiento fue considerado político, debido a que tres años después, en las elecciones intermedias, los abanderados del sol azteca prometieron que si ganaban la contienda se daría “borrón y cuenta nueva” y gestionarían una tarifa eléctrica justa.
A finales de 2000, los perredistas entregaron amparos firmados por los senadores o diputados federales a los usuarios, para evitar que la empresa productiva del Estado les cortara la energía a quienes estaban en resistencia civil.
De acuerdo con la CFE, hasta 2017 eran 740 mil usuarios los que tenían registrados en el estado, lo que significa que sólo 30% de la población paga el servicio, razón por la cual un grupo de ciudadanos, encabezado por integrantes de diversos partidos, se unió en la exigencia de una mejor tarifa eléctrica.
El entonces gobernador, Andrés Granier Melo (2007-2012), fue obligado a encabezar la lucha contra la CFE y buscar una negociación en la Ciudad de México.
En 2008, cuando el mandatario local quiso terminar con el conflicto, firmó el llamado Acuerdo Compensatorio por Tabasco, que consistía en que los ciudadanos que debían menos de 50 mil pesos podrían suscribirse al convenio con la obligación de pagar su recibo actual, cuyo monto era igualado por el gobierno estatal y la cantidad total se abonaría al adeudo, pero al final del sexenio se dejó de entregar esa aportación y el acuerdo fracasó.
Vino otro intento de negociación, ahora en 2013, cuando el estado era gobernado por Arturo Núñez Jiménez (2013-2018), del PRD, quien logró un acuerdo que se llamó De la Mano por Tabasco, el cual beneficiaría a los que debían menos de 23 mil 500 pesos.
El documento consistía en que cada peso que pagaran en su nuevo recibo se iría descontando del adeudo anterior, pero fracasó debido a que se convirtió en una carga que no se pudo solventar.
En cada elección estatal, la promesa de los partidos de izquierda siempre era la misma, hasta ahora.
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