La Paz.— Baja California Sur es la entidad que más inversión turística capta por sus destinos paradisiacos de contraste: playa y desierto; sin embargo, su status como lugar seguro también es contrastante: un mínimo de homicidios dolosos, pero un creciente número de desapariciones y una autoridad local que está rebasada.
Entre sus atractivos, las autoridades destacan su seguridad, con sólo 56 homicidios dolosos registrados en todo 2024 comparado con el estado vecino de Sinaloa, que cerró el mes de diciembre con 119 asesinatos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) reveló que siete de cada 10 habitantes perciben a la entidad como un lugar seguro. Así, el turismo es uno de los sectores que más ha prosperado, atrayendo cada año a 4 millones de turistas y captando 51% del total nacional en inversión turística (216 millones de dólares) hasta el cierre del tercer trimestre de 2024.
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No obstante, detrás de este auge económico, crece una realidad dolorosa para más de mil familias que reportan desaparecidos a sus seres queridos y reclaman apoyo institucional, respuestas y acompañamiento en las búsquedas.
De acuerdo con la Red Lupa, que encabeza el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), en 2022 la entidad registraba 671 desaparecidos; para 2023 ya sumaba 925 casos y el año pasado las víctimas de desaparición ascendían a 938 personas.
Aunque la organización califica a la entidad en el panorama nacional con un “nivel inferior de gravedad”, advierte que a partir de 2016 los casos en el estado van en aumento y no se han detenido.
Sin embargo, en el registro nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda, que no está exento de cuestionamientos por parte de familiares, quienes advirtieron en meses pasados que borró a 300 personas de la plataforma y aún esperan aclaraciones de los datos, BCS tiene un histórico de personas desaparecidas y no localizadas de mil 26, en el periodo de 1952 hasta este mes.
Rosa Linda Villegas es una de las cientos de madres que cuestionan la narrativa oficial en BCS de tranquilidad y paz, pues desde hace tres años busca a su hijo, José de Jesús Alonso Villegas, quien fue levantado el 28 de septiembre de 2021, a las seis de la tarde, cuando se dirigía camino a su domicilio.
En el camino no ha estado exenta de extorsiones, pero con todo y miedo, pegó volantes en la zona donde desapareció su hijo y recibió llamadas que le informaron qué pasó. Supo del vehículo donde se lo llevaron y pidió acceder a cámaras de particulares, pero las autoridades tardaron dos meses para lograr los permisos. “Ya no había nada que sirviera”, narró a EL UNIVERSAL.
Rosa Linda señala que junto a otras madres y familiares comparte la misma sensación de abandono y de impunidad. Las carpetas, dice, no tienen información más allá de la que ellos aportan.
Explica que las desapariciones han sido una forma de evitar que se hable de Baja California Sur como una entidad violenta.
“Suena muy feo decirlo, pero si los entierran lejos para que nadie los vea, cuenta como un estado seguro porque entonces no hay muertos, no hay balaceras, no quedan expuestos, pues el estado no queda como violento, porque las desapariciones parece que no cuentan, como no hay cuerpo, no hay delito… pero los desaparecidos tienen derecho a ser buscados. Nadie tiene derecho a quitarles la vida”, afirmó.
Así, dos realidades coexisten en Baja California Sur: mientras turistas disfrutan de playas de moda y senderos en esta región desértica, cada fin de semana las madres buscadoras y familiares se organizan para salir a rastrear y visibilizar esa nueva forma de violencia en el estado. Cuestionan la incapacidad de las autoridades para hacerle frente.
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Y es que, después de que en 2017 el estado vivió su peor crisis de violencia con 610 homicidios dolosos ese año, incluyendo cuerpos colgados en puentes, balaceras en colonias, plazas, hoteles y hasta playas, en respuesta los gobiernos federal y estatal acordaron mandos militares en las policías locales —que hoy prevalecen— y construyeron otro cuartel militar para albergar a un batallón de 600 ingenieros de combate.
Gracias a esto, para 2018 los homicidios descendieron a 162 y siguió el descenso y la aparente estabilidad; sin embargo, empezaron las denuncias de desapariciones que a la fecha no han cesado.
Ante el incremento en las desapariciones, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, reconoció que esta es una estrategia operada por la delincuencia organizada y admitió no tener capacidad suficiente para hacerle frente.
“Encontraron la fórmula. Ya no los matan en la calle, los desaparecen... estos grupos delincuenciales ajustan cuentas entre ellos mismos y te agarran y desaparecen; alguien que anda vendiendo aquí o allá, o por otras razones, las que sean, pero es una práctica de grupos delincuenciales de las más deleznables, que pone en aprieto a todas las autoridades… tienen todo un aparato, lo hacen de manera muy ordenada, la delincuencia organizada también opera este proceso”, admitió el gobernador Castro Cosío.
Ante medios, respondió que las condiciones desérticas de BCS dificultan las búsquedas, pues casi cualquier rincón puede operar como una fosa clandestina. Al cierre de 2024, los colectivos hallaron en terrenos y brechas 38 fosas clandestinas con 50 osamentas.
“Si te los meten a dos o tres metros y en un solo municipio hay 100 ranchos, muchas brechas, ¿en dónde buscamos? Sería muy demagogo decir que tenemos enorme capacidad. Estamos haciendo hasta lo imposible...”, comentó el gobernador.
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Familiares son revictimizados
Sobre la postura del gobierno estatal, Gabriel Manríquez, líder del colectivo Búsquedas por La Paz —uno de los primeros en conformarse en 2018— tras la desaparición de su madre, Elvira Manríquez, declaró a este diario que suman siete colectivos en BCS, que cada fin de semana se organizan y salen a rastrear.
“Todos tienen derecho a ser buscados, por eso salimos y seguimos. Lo único que queremos es la noticia de saber de ellos, estén como estén, pero saber”, destacó al tiempo que lamentó las deficiencias para esclarecer los casos.
Además, los familiares en diversas manifestaciones han señalado ser revictimizados y discriminados, pues incluso en declaraciones, autoridades locales de la presente y anterior administración han sugerido que muchas de las personas desaparecidas tendrían antecedentes o vínculos con grupos delictivos.
“Si mi hijo hizo algo ilegal, lo que hubiera hecho, debía pagar, pero no de esta manera. Nadie tiene derecho a quitarles la vida…”, dijo Rosa Linda Villegas.
En cada manifestación, plantón o marcha, el reclamo es el mismo: “Justicia, basta de impunidad”. Desde hace siete años, madres buscadoras y familiares de desaparecidos intentan visibilizar que, pese a ser BCS considerada una de las entidades más seguras, el delito de desapariciones crece y la esperanza de hallarlos con vida se opaca.