Aseguran terreno por el que detuvieron a Eugenio Hernández

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la entidad, aseguraron el terreno de 1,600 hectáreas, ubicadas en el Puerto Industrial de Altamira, y que se menciona en la acusación en contra del ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

Dicha propiedad se ubica en las costas del Golfo de México y el gobierno del Estado busca recuperar por pertenecer al patrimonio estatal.

Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia dieron fe de la instalación de las estructuras que indican que el inmueble ha sido asegurado y se advierte que, cualquier persona que pretenda ingresar al terreno, incurre en una ilegalidad.

La propiedad actualmente está en manos de un particular, de acuerdo a la Averiguación Previa Penal 14/2017 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas.

Las estructuras colocadas indican la siguiente Leyenda:

“La disposición o apoderamiento de esta propiedad sin un proceso legal es un delito sancionado por el Código Penal para el Estado de Tamaulipas.

Por lo que cualquier persona que sea sorprendida tratando de ingresar o generar anomalías dentro de esta, será puesto a disposición de las autoridades competentes”.

El Puerto Industrial de Altamira, donde se localiza el extenso terreno, está catalogado como uno de los 5 puertos más importantes del país.

Las 1,600 hectáreas fueron expropiadas por el gobierno federal en 1996, posteriormente en el 2002 se traspasaron al “Fideicomiso Nuevo Santander”, organismo que, en el mismo año, las vendió a un particular, quien a su vez cinco años después las revendió a otro particular en el periodo de gobierno de Eugenio Hernández Flores (2005-2010).

El ex gobernador fue detenido este viernes y permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, está acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita al apropiarse de las 1,600 hectáreas que actualmente tienen un valor de 1, 584 millones de pesos.