Abogado protesta en Sonora contra posible liberación de Padrés

Molesto porque el ex gobernador Guillermo Padrés podría dejar el reclusorio Oriente en los próximos días, el abogado de Gisela Peraza, ex trabajadora doméstica de la familia del ex mandatario quemó la Constitución y el Código Penal de Sonora frente al Poder Judicial al considerar que son, dijo, "letra muerta".

Juan Antonio Ortega externó públicamente su inconformidad ante la actuación de los jueces y de la PGR al eximir al ex mandatario de responsabilidad en los delitos que se le imputan, en especial de delincuencia organizada.

Juez concede amparo a Guillermo Padrés contra delincuencia organizada y lavado

“El que la PGR tenga al ex gobernador Guillermo Padrés a un paso de salir de la cárcel es una prueba inequívoca de que México y en Sonora los arreglos políticos están por encima de la ley”, criticó.

“La Constitución, los Derechos Humanos y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos son letra muerta. Y la paradoja legal, que contra el que roba para comer tiene todo el peso de la ley, pero trato privilegiado a quienes roban millones, sin importar que sean recursos públicos”, arremetió.

Antonio Ortega metió en una olla para cocer tamales el libro de la Constitución local y otras leyes que, en su opinión, ya demostraron que "no sirven para nada".

Ortega es el abogado de Gisela Peraza Villa, la ex trabajadora doméstica de la familia Padrés-Dagnino, que demandó al ex gobernador por presunta tortura y privación ilegal de la libertad, luego de ser acusada de un millonario robo.

Trabajó para la familia del ex gobernador de Sonora durante 9 años, y en marzo de 2011 fue detenida por el presunto robo de 5 millones de pesos y joyas; estuvo presa en varios reclusorios del estado y el 8 de junio de 2015 fue puesta en libertad.

Cumplió una condena superior a los cuatro años, tras ser acusada, condenada y liberada sin culpa.

Por esa razón demandó al ex mandatario sonorense de la administración 2009-2015, por 20 millones de pesos, al igual que a 19 ex funcionarios de su gobierno. Hasta ahora el caso de la cliente de Ortega permanece en los tribunales del estado.