Culiacán, Sin. A 30 de Abril.- El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, a quien se le instauró un juicio de procedencia por el arrendamiento de 126 patrullas sin licitación pública, dijo que analiza la posibilidad de acudir a la convocatoria del Congreso del Estado para fijar su defensa, puesto que como funcionario está obligado a cumplir con la transparencia.
Dio a conocer que el martes pasado, fue notificado por escrito, por parte del Poder Legislativo, sobre el proceso de desafuero que se le sigue a él y a funcionarios de su administración, en relación al arrendamiento de equipo vehicular de la policía, por un monto de 171 millones de pesos.
Subrayó que aún cuando analiza el tema con su equipo de abogados, como funcionario y respetuoso de las instituciones, se deber es hacer lo correcto y cumplir con todas las normas de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
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Vargas Landeros externó que independiente al juicio de procedencia que se ha instaurado en su contra y de varios de sus funcionarios y excolaboradores, la instrucción que tiene su equipo de trabajo, es continuar con sus actividades en forma normal.
El presidente de la Comisión Instructora de la actual legislatura local, diputado, Rodolfo Valenzuela Sánchez explicó que el alcalde, Gerardo Vargas Landeros y el actual legislador local, Genaro García Castro, quien en el trienio pasado fungió como secretario del municipio de Ahome, ya fueron notificados en forma oficial del proceso de desafuero que se les instauró.
Comentó que por escrito fueron citados a comparecer ante el pleno, en sesión secreta, a celebrarse el próximo jueves, en la que esta citada la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, para que exponga los motivos legales de su solicitud de juicio de procedencia contra estos dos políticos.
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Precisó que dicha sesión, tendrá carácter privado, como lo establece el reglamento y la ley, para cuidar el debido proceso judicial, en relación a la acusación que se presentó, sobre presuntos actos ilegales en la celebración de un contrato de arrendamiento de motocicletas, cuatrimotos y camionetas para la policía municipal, sin licitación pública.
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