Aguascalientes.— “¿Sabes qué? Hoy es la fecha, me dijeron”, menciona sollozando el señor “J” desde un teléfono que le prestaron en el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Aguascalientes; del otro lado de la línea un familiar se le une en el llanto.
Al siguiente día lo hallaron muerto en un módulo del penal. Sus seres queridos aseguran que en la cárcel lo extorsionaban.
“Fue imposible que su familia consiguiera un millón de pesos que le exigían para su seguridad dentro de la prisión”, dice Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG).
En menos de dos meses, el Cereso varonil de esta ciudad y el penal del municipio El Llano se convirtieron en la última morada de seis presos, a todos los hallaron colgados.
“El señor ‘J’ es uno de los seis internos fallecidos en esas circunstancias. Entre su familia surgieron dudas de la versión oficial de que pudo ser una ‘autoprivación de la vida’ como lo mediatizaron las autoridades”, señala Ávila Montejano, también defensora de derechos humanos.
Las muertes se anunciaron como probables suicidios por Manuel Alonso García, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). La fiscalía asumió esa hipótesis en seis carpetas de investigación entre el 21 de septiembre y el 19 de noviembre de 2024, que hasta la fecha mantiene en reserva.
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Las personas privadas de la libertad presuntamente usaron cintas de calzado, una venda y un trozo de cobija. Dos habían discutido con sus parejas, dos tenían problemas de salud mental y uno de ellos tenía antecedentes suicidas, uno más había recibido la noticia de la muerte de su madre y otro vivía en condición de abandono por parte de su familia, reportó la autoridad.
Los fallecidos son Jorge Humberto, de 37 años, y José Rodolfo, de 28, quienes perdieron la vida el 21 de septiembre; Iván Alejandro, de 22 años, falleció el 18 de octubre; Juan Felipe, de 49 años, el 2 de noviembre; Rosendo Asael, de 23 años, el 15 de noviembre, y Merri Ociel, de 27, murió el 19 de noviembre, todos en 2024.
El último día
El señor “J” cumplía una sentencia de tres años de prisión por el delito de portación de arma de fuego que —decía— cargaba para protegerse porque siempre andaba en las comunidades. Había cumplido la mitad de la pena, le faltaban semanas para acceder al beneficio de libertad cuando comenzaron a extorsionarlo.
Uno de sus familiares platica que mes y medio antes de su fallecimiento, el señor “J” le dijo: “¿Sabes qué? Las cosas se están poniendo muy raras aquí dentro, nos están pidiendo dinero para que no nos pase nada, seguramente van a pedir, pero quiero que ustedes estén tranquilos”.
La presión continuó, “le exigían un millón de pesos. Él decía: tengo tal fecha límite para que mi familia entregue el dinero, pero era imposible siquiera juntar 100 mil”, acota.
Semanas antes de su muerte dejó de hacer llamadas en videoconferencia, que autorizaban una vez por semana. Él mismo les pidió a sus parientes que no se presentaran en el Cereso y dijo que la comunicación entre ellos sería sólo por llamadas telefónicas.
“¿Sabes qué? Ya no va a haber videollamadas”, le dijo a su esposa, quien le pregunto el motivo, la respuesta fue: “Estoy muy golpeado y no puedo dejar que me vean así”.
De ahí en adelante, en las llamadas les pedía que no se preocuparan, que todo estaba bien; hasta que llegó el viernes previo a su muerte. Se despidió porque había llegado la fecha límite para el pago. “Todo va a estar bien, no quiero que ustedes se preocupen”, fueron sus últimas palabras.
Después de escucharlo, su esposa se trasladó al Cereso, en donde habló con el encargado sobre lo que estaba pasando y en busca de garantías de protección. El funcionario le respondió que su esposo estaba bien.
Al siguiente día, a las 7:00 de la mañana, le marcó una mujer de Trabajo Social para comunicarle que su esposo se había suicidado, que tenía antecedentes de depresión.
El OVSG tiene pruebas de la situación que pasó el señor “J” hasta un día antes de su muerte; entre ellas, capturas de pantalla de las llamadas y videollamadas que tuvo con su familia y de las visitas que cada semana hacían al Cereso a llevarle comida, así como evidencias del dinero que le depositaban y de la visita que su esposa realizó al penal el viernes que su marido se despidió de ella.
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“Eso refuta la versión oficial de que el señor estaba en abandono de su familia”, dice Ávila Montejano.
En este caso, la fiscalía no permitió que la familia estuviera cerca del cuerpo, y no dejó que lo identificara físicamente, “fue con fotografías”, expresa uno de sus familiares.
Su familia se acercó a la oficina de la gobernadora, al Ministerio Público, y tras un encuentro con representantes del sistema penitenciario, determinaron dejar de insistir en el esclarecimiento del hecho. Expresaron tener miedo por su integridad y esperarán que algún día se conozca la verdad de la muerte del señor “J”.
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Negligencia de la autoridad penitenciaria
José Luis Eloy Morales Brand, profesor investigador de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, advierte que esos hechos representan una “negligencia muy grave” de las autoridades encargadas de la vigilancia en los centros de reinserción, y conllevan responsabilidad penal y administrativa.
Para el catedrático y especialista en derechos humanos, la integridad y seguridad de los detenidos dependen directamente de la dirección de reinserción social de la SSP.
Morales Brand comenta que las Reglas Mandela, así como el Conjunto Principios para Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención, obligan a las autoridades a hacer todo lo posible para garantizar los derechos de una persona, y en ese contexto: respetar su salud, su integridad y su vida.
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Con relación a los seis reclusos muertos en poco tiempo, el catedrático menciona que hay varias líneas de investigación, pero la principal sigue siendo la de posibles suicidios.
“Independientemente de si es que son o no son suicidios, creo que sí hay una responsabilidad directa de esta secretaría, de esta dirección, porque finalmente sí tienen la obligación de mantener el orden y salvaguardar que los internos entre ellos no se violenten, no se agredan. Con mayor razón y con más responsabilidad tienen la obligación, pues, de garantizar que ellos no atenten contra sí mismos”, apunta.
De entrada —agrega—, hay una deficiencia en la vigilancia interna de las personas recluidas porque no se están estableciendo ni los mecanismos humanos ni materiales necesarios de atención directa para ver si tienen algún problema emocional, y para estar vigilándolos constantemente a fin de evitar que atenten contra su vida.
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La consecuencia por la negligencia grave de los garantes no es sólo investigar la circunstancia de que las personas se hayan suicidado, “si es que así ocurrió”, sino de la responsabilidad que tienen las autoridades de no haber vigilado y garantizado.
“El hecho de que la autoridad administrativa omita las obligaciones de cuidar, de garantizar la integridad siendo garante, es como si tú le ayudaras al interno a privarse de la vida. Eso, es un delito”, argumenta.
Mariana Ávila refiere que ante el historial de los Ceresos, han sido motivo de recomendaciones de la Comisión Nacional y de la Comisión estatal de Derechos Humanos al gobierno del estado y ante la relevancia de la serie de muertes en las prisiones, se esperaría la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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“El Cereso varonil no cuenta con un sicólogo ni personal especializado establecido, tienen hacinamiento y persisten autogobiernos en los Ceresos de Aguascalientes”, dice la activista.
En la recomendación 252/2023 de la CNDH, notificada a la gobernadora Teresa Jiménez en enero de 2024, se acreditó la trasgresión a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a las Reglas Mandela en los penales de esta entidad.
En los tres centros penitenciarios del estado se vulneran los derechos humanos a la reinserción social, a la protección a la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana.
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Medida cautelar de protección
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes inició expedientes de queja a causa de los internos encontrados sin vida y dictó la medida cautelar 14/2024 en la que requiere que en los Ceresos se tomen las medidas necesarias para proteger el derecho a la integridad física, emocional, mental y seguridad personal de las personas privadas de la libertad.
La población penitenciaria en las tres prisiones estatales asciende a mil 971, de acuerdo con cifras del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2024. De ellos, mil 254 están en el varonil de Aguascalientes (su capacidad es de mil 113); el Cereso de El Llano cuenta con una población de 565, y el Centro de Reinserción para Mujeres, con 139 (19 de sobrepoblación).
El OVSG documentó abusos contra familiares de internos que se acercaron al organismo a denunciar que enfrentan extorsiones dentro de las prisiones estatales.