Acusan de influyentismo a magistrado en pleito por manutención

Colima.— Desde diciembre de 2023, Brenda Hernández pelea una pensión alimenticia justa para sus dos hijos, además de estabilidad emocional para ellos, pues afirma que desde que decidió dejar a su expareja por la violencia que ejercía contra ella, él ha sido un padre ausente y ha utilizado el poder que tiene para obstruir los intentos legales que ha hecho; incluso, ella ha buscado ayuda de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y de la titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno federal, Citlalli Hernández, porque a quien enfrenta es al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Juan Carlos Montes y Montes.

Hasta ahora —relata— ha conseguido una pensión alimenticia provisional para sus hijos, la cual establece que el magistrado debe entregar cada mes 15% del total de sus percepciones. El tabulador de sueldos vigente del Poder Judicial de Colima publicó en su portal de Transparencia que el sueldo bruto del magistrado presidente es de 104 mil 845.93 pesos mensuales; sin embargo, no se indica cuánto se le rebaja por pago de impuestos.

“Desde abril de 2024 se le quitan vía nómina 6 mil 391 pesos cada quincena, que se depositan en mi cuenta; pero eso no es suficiente y no cubre ni 50/50 de los gastos de los niños que él proponía porque yo trabajo; además, para que eso ocurriera tuve que promover un amparo que obligó a la jueza a emitir el monto de la pensión provisional porque el asunto no caminaba”, menciona.

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Señala que no solo es cuestión de dinero, pues la jueza no estableció un acuerdo de convivencia con los menores, lo que deja al arbitrio del magistrado los días y horarios en los que ve a sus hijos.

“Por un lado, como madre, el que no los busque me tranquiliza porque los ha puesto en riesgo, pero ellos lo buscan y no puedo explicarles por qué no les responde los mensajes o no lo ven en semanas, también es un padre ausente emocionalmente”, expone.

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“Quiero suelo parejo”

Juan Carlos Montes y Montes es presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Colima desde noviembre de 2022, cuando los magistrados que integraban el pleno lo designaron por unanimidad. Después, tras la reforma al Poder Judicial de Colima, en 2024, se presentó a la elección popular para la renovación del organismo y obtuvo uno de los 10 escaños en disputa al ser la séptima persona con mayor votación, y en octubre de 2025, al instalarse el nuevo Poder Judicial, sus pares lo ratificaron como magistrado presidente.

Brenda Hernández recuerda que después de vivir 13 años con Montes y Montes, en enero de 2022, cuando la situación de violencia hacia ella era “insostenible”, decidió dejar la casa que compartían y llevarse a sus hijos, y prefiere no hablar mucho de esos 13 años que, asegura, ha logrado superar: “Además, esto no se trata de mí, sino de mis hijos”, insiste.

“De 2022 a 2023 hubo convivencia compartida, entre comillas, con los niños; nunca se fijó una pensión y no había una cantidad que él diera de manera ordinaria. En diciembre de 2023 decido demandar la pensión alimenticia, yo tenía la custodia total de los niños, yo me hago cargo totalmente del cuidado de mis hijos, pero a partir de que decido demandar la pensión alimenticia ha sido un calvario”, señala.

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Para febrero de 2024, cuando la demanda no prosperaba, decidió promover un amparo que fue admitido. El expediente 227/2024-2 del Juzgado Tercero de Distrito del estado de Colima señala que la jueza que atendió la demanda de pensión alimenticia incurrió en omisiones; sin embargo, el amparo se sobreseyó debido a que después de ser notificada, la juzgadora decidió recomponer.

Además, acusa que, cuando el padre de los niños decide convivir con ellos, no se hace responsable, los deja a cargo de terceros o solos, y han ocurrido algunos incidentes que los ponen en riesgo, lo que derivó en una denuncia por maltrato infantil y una solicitud de órdenes de protección para los menores, que no han prosperado porque —en su opinión— el magistrado ha utilizado su poder para entorpecerlas.

Ante esto, Hernández ha promovido una serie de acciones legales que siguen en vilo: “Denuncié por maltrato de menores, hay una denuncia en Combate a la Corrupción, he demandado por tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones, delitos de impartición y procuración de justicia (…) ya estoy desesperada, en todos lados me cierran las puertas, en ningún lado avanza nada, reservan los expedientes y me los niegan, pero a él lo favorecen (...) no hay institución que me ayude y no tengo eco, incluso muchos abogados se han negado a ayudarme porque temen que él les obstruya otros casos (...) yo lo único que quiero es tener el suelo parejo, que se lleve un debido proceso”.

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La “ayuda” institucional

En mayo de 2024, Brenda Hernández hizo llegar a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, una carta en la que explica detalladamente su caso y le solicita su apoyo para poder resolver la situación. También intentó acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre y le entregó un sobre cerrado con todos los documentos del caso a las personas que estaban con ella, pero tampoco ha obtenido respuesta.

Antes, en marzo de 2025, logró que la titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno federal, Citlalli Hernández, se interesara en el caso, pero tampoco ocurrió nada.

Niega acusaciones

EL UNIVERSAL entrevistó al magistrado Juan Carlos Montes y Montes para conocer su versión de los hechos. Él reconoció que la demanda por pensión alimenticia sigue en proceso, pero negó que eso se deba a que de alguna forma esté interviniendo u obstaculizando las cosas.

“En esa demanda que ella presenta, acepta que yo me hago cargo del pago total de las colegiaturas en una escuela privada, también acepta que hago el pago de las actividades de mis hijos porque van a actividades deportivas. El asunto va ahí, se fija una pensión alimenticia provisional y, la verdad, me llamó la atención el porqué no impugnó la resolución si está inconforme. Es cierto que es provisional y eso puede modificarse, pero quedó firme porque no apeló”, respondió.

Respecto al monto de la pensión que fijó la jueza, Montes afirmó que se tomó en cuenta que él ya paga las colegiaturas y actividades extracurriculares de sus hijos, que su expareja tiene percepciones por su trabajo en el Congreso del Estado de Colima y que a él ya se le descuenta otra pensión alimenticia para los dos hijos que tuvo con su primera esposa.

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“Creo que la tardanza del asunto es porque al momento que ella presenta su demanda, también presenta demasiadas pruebas, y yo también cuando contesto ofrezco pruebas. Además, no se ha dictado sentencia definitiva porque ella ha promovido acciones que retrasan el proceso, por ejemplo, promovió una acción de excusa para que la jueza que está atendiendo el asunto se excusara porque decía que había parcialidad e influyentismo de mi parte, y eso llegó hasta una sala mixta que resolvió que no ocurría tal cosa”, argumenta.

Sobre los señalamientos de no cumplir a cabalidad con la convivencia, reconoció que en ocasiones la naturaleza de su trabajo le impide cumplir personalmente con algunas de sus obligaciones, como pasar por ellos a la escuela.

Finalmente, ante los señalamientos de presunto descuido de sus hijos cuando están con él, Montes indicó que la orden de protección que solicitó su expareja llegó hasta instancias federales y no prosperó.

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“Si realmente hubiera una violencia como tal, no quisieran convivir conmigo. Me los llevo de vacaciones cada diciembre o cada julio que tengo mis vacaciones, van conmigo y evidencias tengo. Realmente, si hubiera algo así, ¿cómo quisieran convivir conmigo? La orden de protección la negaron y ella recurrió a instancias federales, no le dieron la razón y el asunto se archivó”, dice.

En su opinión, con los señalamientos en su contra, su expareja intenta presionar mediáticamente para subsanar la omisión del abogado que no apeló a tiempo la resolución de la jueza.