A un mes, aún no se inicia la búsqueda de Pablo Osorio

Tlaxiaco, Oax.— A un mes de la desaparición de Pablo Osorio Sánchez, del pueblo ñuu savi en Oaxaca, ocurrida en el municipio de Concordia, Sinaloa, autoridades aún no inician la búsqueda del joven que trabajaba para sostener a su familia de bajos recursos.

Ha sido un mes de angustia, revictimización, de incertidumbre, gastos económicos, cansancio por los traslados de un lugar a otro, entre reuniones con las autoridades del gobierno municipal, del estado de Oaxaca e instituciones de justicia mexicana para localizar al joven, sin que haya claridad de por dónde iniciar con la búsqueda.

Pablo, quien se graduó como ingeniero civil, fue visto por última vez la mañana del viernes 23 de enero, junto a otra docena de empleados de la minera canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Mientras el joven de 26 años se encontraba en una llamada con su pareja, la comunicación se interrumpió tras escucharse voces de hombres y un vehículo acercándose, la llamada se cortó y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con la familia, Pablo estaba esperando el camión con rumbo a su trabajo, sobre la carretera El Salto–Villa Unión, a unas cuadras de La Clementina, un fraccionamiento del municipio de Concordia, donde se encontraba el campamento de los 10 mineros desaparecidos —cinco de ellos localizados sin vida—.

Pablo no estaba con el grupo porque rentaba aparte, la empresa CICAR. S.A de C.V., quien lo había enviado a trabajar en aquel lugar, no le estaba pagando la renta; él junto con otros compañeros rentaban por fuera de La Clementina.

Sin avances

La Fiscalía General de la República (FGR) inició por aparte una carpeta de investigación; sin embargo, a un mes de su desaparición, ésta no se ha podido integrar, lo que no ha permitido tener una línea de investigación clara para implementar un plan de búsqueda para Pablo.

“Ha sido difícil y complejo la integración de la carpeta de investigación en el caso de Pablo porque no estaba con el grupo de los 10 mineros, pero principalmente porque las autoridades han sido omisas al caso. Si Pablo no ha sido localizado es por falta de voluntad del Estado mexicano, tuvieron la información en un buen momento, justo cuando él desaparece, y hasta ahora no se sabe nada”, señala Yetzy Santiago Lorenzo, una de las abogadas que acompaña a la familia del ingeniero.

Cuando Pablo dejó de contestar los mensajes, su pareja se preocupó, y la noche de ese mismo día localizó a los compañeros del joven, quienes le dijeron que tampoco sabían de él, entonces llamaron al 911, sin presentar una denuncia por las amenazas.

La familia esperó días para tener más noticias, lo que no sucedió, así que para el lunes 26 de enero acudieron a presentar la denuncia por desaparición al Ministerio Público de Tlaxiaco, Oaxaca, en donde radica la familia de Pablo, pero las autoridades no la aceptaron porque “la desaparición fue en otro estado [Sinaloa]”, al menos eso les dijeron, detalla la abogada Yetzy.

“La ley de desaparición forzada establece que cualquier fiscalía de la República debe aceptar las denuncias, si una persona sospecha de desaparición puede presentar la denuncia, pero esto no lo saben las instituciones ni el personal operativo, entonces deja desprotegidas a las víctimas”.

No sólo la fiscalía de Oaxaca ha sido omisa, también la autoridad municipal y del gobierno del estado. Los abogados de Pablo señalan que entre los actores que han participado en las mesas de trabajo están el presidente municipal de Tlaxiaco, así como el personal de gobierno estatal, pero ninguno ha apoyado a la familia.

“Únicamente fueron a sentarse a una mesa, se tomaron la foto y prometieron ayudar a la familia, pero a la fecha no se han comunicado con doña Socorro para ofrecerle acompañamiento sicoemocional, trámites, etcétera. Las pruebas genéticas que tomó la fiscalía tampoco las había remitido porque estaban esperando a que salieran los resultados para poder enviarla, y así ha pasado un mes”, enfatiza Yetzy Santiago.

A la familia de Pablo, la fiscalía le tomó las muestras sanguíneas a principios de febrero y apenas la semana pasada habían sido enviadas, retrasando el trabajo de reconocimiento. En Oaxaca, reconocen que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas es la única que ha estado presente y ha apoyado a la familia.

En tanto, las autoridades de Sinaloa no han comunicado nada sobre el avance de la investigación, “tampoco hay una coordinación entre las autoridades de Sinaloa y la FGR”.

La familia y los abogados esperan la revisión de los lugares donde residía Pablo en Concordia.

Además, después de remitir los exámenes sanguíneos se tiene pendiente una comparación con algunos restos encontrados en las fosas clandestinas ubicadas en la comunidad El Verde, a 15 kilómetros del campamento de La Clementina, Concordia, donde fueron localizados las primeras fosas.

“Se tiene que agotar todas esas líneas y descartar que él se encuentre en alguna de las fosas. La línea principal es que se haga la búsqueda en vida”, destaca la abogada.

La familia también ha solicitado ayuda de los ciudadanos y de las instituciones para posteriormente trasladarse e iniciar los trabajos de localización de Pablo.

Los otros desaparecidos

El 23 de enero, a la par de la desaparición de los 10 mineros que laboraban para Vizsla Silver, también desaparecieron otros cuatro, entre ellos Pablo. Sin embargo, de ellos nada se sabe, las familias han preferido no denunciar y callar por las amenazas del crimen organizado.

“Ha sido complicado contactar a los familiares de los otros tres, porque muchos de ellos tienen miedo de hablar, incluso nos han comentado que han sido amenazados”, explican los abogados.

Además, la empresa CICAR. S.A de C.V. ha pedido a los trabajadores no hablar sobre lo ocurrido. “Por parte de la empresa, no se ha presentado absolutamente nadie”.

A un mes, no se tiene ningún dato de la empresa donde laboraba Pablo Osorio. CICAR. S.A de C.V. envió a Pablo en junio de 2025 para trabajar como supervisor de túneles en un proyecto minero vinculado a Vizsla Silver Corp.