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Acudió personalmente al Aeropuerto de la Ciudad de México para recibir al primer grupo de paisanos deportados. El Presidente Peña Nieto les habló de muchas cosas y del empleo creado en los últimos meses. No obstante, con sabiduría natural, uno de los migrantes presentes le replicó: “No es por el empleo señor Presidente, es por el salario”.
El paisano sabe de lo que habla. Ellos son la prueba humana —fehaciente— que derriba todos los mitos de la política económica que todavía nos gobierna: la misma persona, con su mismo talento y con sus mismas competencias laborales, gana en promedio seis veces más del otro lado del río Bravo. Y por eso, algunos han descubierto hasta ahora que nuestros migrantes simplemente, no quieren volver, y así quedan atrapados en una pinza de opciones crueles: o se quedan en un país cuyo gobierno recrudeció su hostilidad y su política de discriminación, arriesgando el pellejo e incluso arriesgando la familia por las cruentas redadas que ya empezaron, o tal vez regresan a su país que les ofrece algún trabajo con un sueldo que no les permitirá, nunca, escapar de la pobreza.
Así están las cosas y no vale la pena cerrar los ojos a esta realidad que necesita urgentemente una corrección de política económica. Me quedo bajo el riesgo racista o me regreso para seguir siendo pobre.
No sólo eso, el novísimo neoliberalismo reaccionario que encabeza la Casa Blanca está a punto de tomar medidas muchísimo más destructivas que dinamitar el TLC. Allí está el famoso BAT (Border Adjustment Tax). Significa simple y llanamente que lo que una empresa norteamericana exporta desde México será castigada con un fuerte impuesto de entrada. Al mismo tiempo que toda exportación desde Estados Unidos tendrá un regalo, un descuento en los impuestos que paga allá.
Como pueden ver, aquí no hay buena fe ni juego limpio y, me temo, muy pocas posibilidades de una negociación racional.
Más allá de la discusión (bizantina) sobre la “unidad” o no, a lo que estamos obligados es a establecer una conversación plural y abierta de la que emerja una agenda de las cosas que podemos y debemos hacer aquí y allá.
Después de los datos que dio a conocer el Inegi (y que este periódico reportó con puntualidad) no sé si quede alguna duda sobre la necesidad del cambio en la política salarial de México. Todas las ventajas que ofreció contener los salarios para ser competitivos se pierden ante iniciativas tan destructivas como el BAT. Y si a esto añadimos el incremento del costo de la gasolina, lo que obtendremos será un mercado laboral aún más precario y una sociedad más empobrecida. ¿Quién querría regresar a ella?
24.5 millones de trabajadores ganan menos de 5 mil pesos al mes, y esto es así porque así lo han decidido las autoridades laborales en el país durante más de tres décadas. Como se ha demostrado en los documentos con los que cuenta la Comisión de los Salarios Mínimos (Conasami), el decreto de los salarios mínimos, simplemente en línea con la inflación, tiene un efecto sobre las siguientes escalas salariales, lo cual coloca en desventaja año tras año a una gran parte de los asalariados.
El efecto de la inflación gasolinera, en uno solo de los 12 meses del año, acabó con el incremento de los extraordinarios 4 pesos que la Conasami anunció con bombo y platillo. Insisto: en un solo mes se esfumó el anunciado “logro histórico”.
La circunstancia nacional es extraordinariamente adversa y requiere asimismo medidas extraordinarias. Casi 50% de quienes trabajan en México lo hacen por dos salarios mínimos o menos, y esa es una tragedia humana y económica, pues ni siquiera ganando dos salarios mínimos un trabajador honesto tiene esperanzas de salir de la pobreza. El que gana el mínimo se queda en la pobreza extrema.
Por cosas como ésta, tan impresentables ante el mundo, es que México resulta tan vulnerable en la nueva era de la ira y la cerrazón, cuyas amenazas están cantadas y exigen hechos, no discursos.
Secretario de Desarrollo Económico de la CDMX
