Ley de Seguridad vulnera libertades básicas: CNDH

Debido a que se vulneran derechos y libertades básicas reconocidas en favor de los mexicanos, además de afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente entre la federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y poderes, esta tarde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior.

Entre los múltiples argumentos que presentó el organismo se encuentran los relativos a la subordinación de autoridades civiles, a militares que plantearía dicha ley “contraviniendo criterios establecidos en contra por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); además, la ley promulgada en diciembre de 2017 posibilita que de manera discrecional, afirma la comisión, sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo Federal puede ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir “en el ámbito de libertades y derechos de las personas por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito vinculado al combate a la inseguridad”.

La acción presentada por Rubén Francisco Pérez, coordinador general de seguimiento de recomendaciones y asuntos jurídicos de la CNDH, plantea que si bien uno de los argumentos que se han utilizado para apoyar la Ley de Seguridad Interior es que se le da certeza a la población y a las fuerzas armadas en opinión de la CNDH “la ley en sus tiempos actuales no reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones de seguridad”.

El contenido de la acción, aseguró la CNDH, es producto de un proceso de diálogo y debate que para su formulación se realizó con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos vinculados a la protección y defensa de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

“La CNDH ratifica su convicción sobre la necesidad de que en México se lleve a cabo una revisión integral y un replanteamiento de sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia que permitan dar una respuesta real y efectiva a la problemática que enfrentamos en ese ámbito, con pleno respeto a la dignidad de las personas y al orden constitucional vigente”, señaló.

El organismo rector de los derechos humanos en el país indicó que esta acción no busca atacar a las instituciones, tampoco inhibir la legitima actuación de las autoridades o debilitar el Estado de derecho, sino por el contrario, “tiene como objetivo preservar la integridad de nuestro sistema constitucional y de los derechos humanos, reconocidos por el mismo, fortaleciendo con ello la institucionalidad democrática y la legalidad de nuestro país”, agregó la comisión.