El caso Odebrecht es una de las tramas de corrupción más grandes en Latinoamérica. Imagen: Angélica Vázquez
En Latinoamérica, el caso Odebrecht sigue siendo un símbolo de corrupción transnacional persistente. La constructora brasileña admitió haber pagado sobornos millonarios para asegurar contratos públicos en al menos una docena de países. Sin embargo, las consecuencias judiciales y condenas varían drásticamente en la región.
Mientras países como Perú han llevado a la cárcel a expresidentes, en México sólo se ha procesado judicialmente a tres servidores públicos. Carlos Treviño, exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y sucesor de Emilio Lozoya, es el más reciente nombre en esta corta lista tras su arresto el pasado 14 de agosto en Estados Unidos.
Te explicamos cuáles son las razones detrás del estanco judicial del caso Odebrecht en México y qué se puede esperar tras la detención de Treviño.
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¿Qué es el caso Odebrecht?
El caso Odebrecht se refiere a un esquema de sobornos masivos ideado por la empresa constructora brasileña, una de las más grandes de Latinoamérica, para obtener ventajas en la adjudicación de proyectos.
En 2016, ante un tribunal de Estados Unidos, la constructora confesó haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos, principalmente en América Latina. En México, Odebrecht repartió aproximadamente 19.5 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014, según investigaciones de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De Brasil a México: ¿cómo ha sido juzgado el caso Odebrecht en Latinoamérica?
Brasil, el epicentro del escándalo, ha puesto bajo investigación a múltiples personas por la trama de corrupción. Marcelo Odebrecht, exdirector de la constructora, fue condenado a 19 años de prisión. Además, el expresidente Ignacio Lula da Silva fue encarcelado por 580 días por corrupción pasiva y lavado de dinero, aunque sus condenas fueron posteriormente anuladas por el Tribunal Supremo Federal, que determinó que sus derechos no fueron respetados.
Al sur del continente, Perú ha sido uno de los países donde el caso Odebrecht ha tenido un impacto judicial y social más contundente. El expresidente Alan García Pérez, quien estaba siendo investigado por lavado de activos, se suicidó de un tiro a la cabeza en abril de 2019, justo cuando las autoridades iban en camino a detenerlo.
En 2018, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue forzado a dimitir tras un escándalo de compra de votos. Actualmente, sigue siendo investigado por señalamientos relacionados con Odebrecht y enfrenta algunas restricciones judiciales.
Por otro lado, apenas en abril de 2025, el expresidente Ollanta Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos, mientras que en octubre de 2024 el exmandatario Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años de cárcel por delitos vinculados con la trama de corrupción de la constructora brasileña.
Recientemente, el Equipo Especial Lava Jato en Perú también solicitó 30 años de prisión para Luis José Nava Guibert, exsecretario general de la Presidencia, y 21 años para Enrique Javier Cornejo Ramírez, exministro de Transportes y Comunicaciones, por delitos de colusión agravada y lavado de activos.
En Argentina, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y otros exfuncionarios enfrentan actualmente juicios por cohecho y otros delitos relacionados con la constructora brasileña. Y en Panamá, los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela fueron acusados de blanqueo de capitales. El primero fue condenado a X años de cárcel, pero obtuvo asilo político en Colombia.
¿Por qué México no ha logrado condenas sólidas por el caso Odebrecht?
México contrasta con el sur del continente, pues hasta la fecha sólo tres personas han pasado formalmente por un proceso judicial por el caso Odebrecht. El exdirector de Pemex, Carlos Treviño, tras su arresto el pasado jueves en Estados Unidos, está todavía en proceso de extradición.
Su antecesor en el puesto, Emilio Lozoya, fue arrestado en España en 2020; estuvo preso por poco más de dos años y fue puesto en libertad provisional en febrero de 2024, con medidas cautelares como el uso de un brazalete electrónico y la prohibición de salir del país.
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Después de su detención, el exfuncionario señaló a 16 políticos mexicanos por su presunta colusión en los sobornos de Odebrecht y otros casos de corrupción. Sobresalieron nombres como los de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. No obstante, de aquella lista la única persona imputada fue el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien actualmente es secretario de Desarrollo Económico bajo la administración morenista de Layda Sansores, en Campeche.
El escaso avance judicial en México, según la especialista en seguridad Eunice Rendón, puede deberse a la “debilidad institucional” de la Fiscalía mexicana: “fragmentó las investigaciones y convirtió el caso en un arma política más que en una estrategia real contra la corrupción”, apunta en entrevista.
Por su parte, David Saucedo, analista político y consultor en temas de seguridad, coincide en que la falta de independencia judicial es un factor clave en la ausencia de avances en México, y añade además que la presión mediática y social fue significativamente menor que en otros países.
“Mientras en Perú más del 60% de la población conocía el escándalo y protestaba en las calles, en México el caso nunca salió fuera del ‘círculo rojo’”, puntualiza Saucedo.
Ambos especialistas también coinciden en la falta de voluntad política para investigar a la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, donde tuvieron lugar buena parte de los sobornos de Odebrecht en el país.
Otro punto clave es el uso de criterios de oportunidad o testigos colaboradores. Rendón recuerda que Lozoya señaló a 16 políticos, pero sin pruebas sólidas ni voluntad real de seguir esas líneas de investigación. “El criterio de oportunidad es poco frecuente, más bien excepcional y se utiliza de manera coyuntural”, agrega Saucedo.
El especialista señala que la presión de Estados Unidos y la cooperación con otras iniciativas internacionales fueron decisivas para lograr condenas firmes contra políticos, un escenario que no ocurrió en México.
¿Qué sigue durante la administración de Claudia Sheinbaum?
Rendón apunta que, a diferencia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ve mayor voluntad política en Claudia Sheinbaum para investigar tramas de corrupción como la de Odebrecht. “El impulso podría venir tal vez de funcionarios como Omar García Harfuch”, vaticina. No obstante, advierte que el caso está viciado por años de dilaciones.
Saucedo, por su parte, subraya que un cambio auténtico en el combate a la corrupción en América Latina tendría que suceder a través de una mayor coordinación internacional. “Si no existe ese esquema externo, es muy difícil pedirle que el gobierno se investigue a sí mismo”, asevera.
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